Diario El Universo.- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescente Infractores (Snai), desde el 2018, no ha solicitado la colocación de inhibidores en los 36 Centros de Privación de la Libertad (CPL).
Lo reveló Daniel Montúfar, coordinador técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), ante un proceso de fiscalización iniciado por el asambleísta, Ricardo Vanegas (Pachakutik), quien parte de una hipótesis de que las órdenes de las matanzas en las cárceles y los sicariatos se dan desde dentro de los CPL.
Que al momento solo en la cárcel de Turi en Cuenca y en el sector El Inca en Quito, están colocados dos inhibidores de servicio de telefonía, y que esos no son de propiedad del Snai.
Montúfar dijo que como Arcotel, consideran que la colocación de esos dispositivos si es un método eficaz, pero no es último, porque hay varios métodos. Que en las cárceles que están alrededor de los centros urbanos no se recomienda colocar inhibidores porque afectan a sectores aledaños y se crea inseguridad en los ciudadanos que habitan cerca de las cárceles, por falta de servicio telefónico.
El funcionario de Arcotel, comentó que con el inhibidor del sector El Inca, en Quito, existen problemas porque a cinco kilómetros a la redonda no se tiene servicio telefónico.
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Cristian Rosero, delegado del Snai, reveló que la institución a la que representa no tiene inhibidores en los Centros de Privación de Libertad. Que hay dos contratos empresas telefónicas que brindan el servicio de cabinas telefónicas con el único objetivo que los privados de la libertad puedan comunicarse con sus familiares, y que la responsabilidad de colocar inhibidores por ese servicio son de las empresas.
Dentro de los 36 centros carcelarios que tiene el Estado ecuatoriano únicamente en dos lugares funcionan los inhibidores: en el sector El Inca y el Turi.
Que en la cárcel de Latacunga se colocaron trece inhibidores por parte de las empresas de telefonía, de los cuales diez fueron destruidos tras los amotinamientos y tres se encuentran en funcionamiento, pero no con la cobertura que se requiere.
El Snai, en este momento, tiene los estudios correspondientes de los otros centros carcelarios para realizar la contratación del sistema de neutralización de las frecuencias tanto de señales de telefonía, wifi y bluetooth. Dentro de los estudios se especifica que la empresa que tenga que instalar los equipos tiene que cumplir ciertas coordenadas para no afectar a las zonas pobladas aledañas.
Rosero comentó que también es necesario que el Gobierno declare zonas de seguridad en los centros carcelarios.
Benjamín Cajas, enlace entre la Policía Nacional y el Snai, reveló que hace unos meses atrás un equipo del Snai hizo un levantamiento de información y se determinó que la señal de las frecuencias de las operadoras telefónicas Movistar y Claro a la penitenciaria de Guayaquil, son demasiado altas, porque las antenas están dirigidas al centro carcelarios. La solución es que las operadoras deben bajar la intensidad de la señal.
Paulina Falconí, representante de las operadoras móviles Claro y Movistar, aclaró que las empresas de telefonía no tienen instalado ningún tipo de servicio dentro de las cárceles, y que la inhibición en los centros penitenciarios es una responsabilidad del Snai.
Juicio político
El legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik), amenazó con iniciar un juicio político a la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, si no ejerce control a las operadoras de telefonía celular para que inhiban el servicio en los 36 Centros de Privación de Libertad.
De qué sirve la presencia de la Policía en las cárceles sino tienen las herramientas para combatir, preguntó el asambleísta de Pachakutik quien dijo que mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Juan Zapata y con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre el tema de seguridad en las cárceles del país.
El asambleísta nacional lamentó que no se haya colocado los inhibidores de la señal de celular en las cárceles, cuando todo el país sabe que desde los centros penitenciarios salen las órdenes para los sicariatos y la delincuencia organizada.
No es posible que por la burocracia y las entidades involucradas en el tema no se haya adoptado medidas que no son difíciles de tomar, como bloquear el servicio de celular a través de las operadoras.