El Universo.- La primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, solicitó oficialmente a la Corte Constitucional (CC) que inicie un proceso de seguimiento al cumplimiento de una sentencia interpretativa emitida en el 2019, debido a la posible intención de cinco de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de ‘revisar’ su designación.
El pedido surge en un contexto en el que el Consejo de Participación Ciudadana hizo dos audiencias públicas (el 1 y 2 de junio) para que el colectivo Acción Jurídica Popular exponga una serie de denuncias en contra de Salazar, acusándola de que habría plagiado, presuntamente, el 40 % de su tesis universitaria, un libro y un artículo indexado.
Diana Salazar recurrió a la Corte Constitucional con un escrito para advertir de un posible incumplimiento de una sentencia interpretativa emitida en el 2019, cuyo fin sería revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que la eligió para esa dignidad en un concurso de méritos y oposición realizado en ese año.
En ese dictamen interpretativo, los jueces constitucionales ‘blindaron’ las decisiones que tomó el CPCCS transitorio en el marco de la evaluación y designación de las principales autoridades de control del Estado, con base en el pronunciamiento popular de un plebiscito convocado en el 2018, en el gobierno de Lenín Moreno.
Además, la CC ha recordado en varios de sus fallos que la inobservancia de un dictamen interpretativo “constituye una violación autónoma del derecho a la seguridad jurídica”.
Según Salazar, lo actuado por el extinto CPCCS “goza de este blindaje constitucional”, como son los procesos de designación de las autoridades que fueron evaluadas y reemplazadas, entre ellos, el de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
“Como es de conocimiento público, aspecto que ha sido difundido por los medios de comunicación a nivel nacional, por pedido de un determinado grupo de ciudadanos con claros intereses particulares, las máximas autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura; y, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bajo supuestas competencias constitucionales y legales, han activado instancias administrativas disciplinarias y de control social, que tienen como objetivo principal revisar lo actuado por el CPCCST en el concurso público de méritos y oposición de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, transgrediendo lo resuelto por el pleno de la Corte Constitucional en su dictamen interpretativo Nro. 2-19-IC/19?, señala el oficio suscrito por la fiscal general.