Hasta junio de 2023, las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado recibieron 493 causas y se lograron resolver 380.
Las causas que actualmente se conocen en esas dependencias están relacionadas con casos de delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, peculado, secuestro, lavado de activos y procesos derivados de las diferentes provincias, entre otros.
El trabajo de los 14 jueces que laboran esas dependencias especializadas se ha enfocado en asegurar que cada caso sea tratado con diligencia, objetividad e imparcialidad, garantizando el debido proceso.
Estas dependencias tienen su sede en Quito y en ellas se juzgan 37 delitos de crimen organizado y siete delitos de corrupción. Para lograr una mayor eficiencia en su trabajo, el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, emitió directrices a los servidores administrativos y jurisdiccionales relacionadas con la inhibición y derivación de causas y también con la realización de audiencias por medios telemáticos, cuando los procesados provienen de otras provincias.
En los casos en los que existe la necesidad de coordinar con otras provincias, las Direcciones Provinciales del CJ facilitan los espacios físicos y equipos tecnológicos para que las personas que intervienen en los procesos (fiscales, defensores, aprehendidos, testigos y demás intervinientes), tengan la posibilidad de participar sin inconvenientes en las audiencias o diligencias telemáticas que sean programadas.
Los jueces especializados en el juzgamiento a la corrupción y crimen organizado son también competentes para la atención de infracciones flagrantes a nivel nacional, en los casos en que Fiscalía General del Estado, considere que se trata de un asunto que cumple con los parámetros previstos en la Resolución 190-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura y el catálogo de delitos que consta en ese documento.
Combatir la corrupción y el crimen organizado en todas sus formas es una de las prioridades del Consejo de la Judicatura.