Diario La Hora.- El Gobierno del presidente Guillermo Lasso en dos años de gestión ha mostrado grandes dificultades para la definición de políticas públicas en la seguridad.
El combate al narcotráfico y a los grupos del crimen organizado en Ecuador, que vienen desarrollándose en los últimos meses han generado reacciones.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón en una rueda de prensa ofrecida la tarde del jueves, 31 de agosto, indicó que los ataques con dos coches bomba registrados en Quito son consecuencia de las acciones del Gobierno contra los grupos criminales, en un intento de generar terror y miedo en la población.
“Las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional para desarticular a las organizaciones criminales han generado reacciones que pretenden frenar las intervenciones en los centros penitenciarios y el combate en general a la delincuencia transnacional”, dijo el funcionario.
El Ministro agregó que el régimen no dará un paso atrás en su objetivo de controlar el accionar de estos grupos delictivos en el país.
También insistió en que el objetivo es claro. “El Gobierno está firme y no dará un paso atrás en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular organizaciones criminales y pacificar a las cárceles del país”, sentenció.
Objetivos de Estado
Las acciones del Gobierno, sobre todo en los últimos meses se encuentran enmarcadas dentro de los acuerdos y resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en el que todos los representantes de los poderes públicos manifestaron la necesidad de combatir al crimen organizado y a la corrupción.
En abril de 2023, el Cosepe calificó como una amenaza grave para el país a los grupos delictivos que hacen uso de acciones terroristas para generar caos y temor en la población. En esa misma reunión de trabajo se recomendó y ordenó el uso de la “fuerza letal” para controlar a estos grupos.
Con esta determinación, el Cosepe abrió las puertas para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaran operaciones conjuntas en combate de las organizaciones criminales.
Asimismo, el Gobierno, enmarcado en el Estado de Excepción para las cárceles del país, ha emprendido en las últimas semanas una serie de operaciones en los centros penitenciarios que han dado como resultado la incautación de numerosas armas, municiones, e incluso granadas, así como drogas y efectivo que estaban en manos de los reos.
En las últimas semanas, también se logró el traslado de un importante grupo de cabecillas de los grupos y organizaciones delincuenciales que se encontraban en los centros penitenciarios a la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
Acciones que tienen el objetivo de mermar la capacidad de mando y accionar de los grupos criminales que operan en las distintas regiones del país.
Cumplir su rol
Cucalón hizo un llamado de alerta durante la jornada a las autoridades del Poder Judicial, para cumplir a cabalidad su rol.
Apuntó que varios detenidos relacionados con los coches bomba y otros hechos ocurridos en las últimas semanas, han sido detenidos y liberados por la Justicia recientemente, a pesar de tener varias faltas. “Pedimos a los jueces valorar las evidencias con rigurosidad sobre los involucrados”, manifestó.
Durante una entrevista concedida a LA HORA, Cucalón indicó que la situación de la seguridad en el país reviste gran complejidad, por lo que adelantó que para la transición que se planifica, el presidente Guillermo Lasso espera desarrollar una reunión del Cosepe, “con el presidente o presidenta que resulte electo para dar toda la información con profundidad”.
“No todo el mundo conoce o dimensiona la gravedad del problema del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador y es importante que el presidente o presidenta esté totalmente consciente”, manifestó.
Silencio y confusión
El manejo de la comunicación es fundamental cuando se registran hechos de violencia y violencia política como los registrados en las últimas semanas en Ecuador.
Las declaraciones de las autoridades y el manejo de los medios es clave para no generar zozobra en la población y evitar que la desinformación sea la que se apodere de la opinión pública.
La noche del 30 de agosto, por ejemplo, desde el Municipio se precipitaron al asegurar que el primer coche bomba era un evento fortuito, pese a que estaba en proceso de investigación. Después, las autoridades policiales confirmaron el atentado y dieron el parte de la detención de seis personas relacionadas con el hecho.
Por otro lado, la mañana del 31 de agosto, las declaraciones ofrecidas por televisión por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Wagner Bravo, dejó dudas al manifestar que “los problemas con los grupos delincuenciales son estructurales”.