Diario La Hora.- Según la Policía Nacional, los detenidos por extorsión han crecido 72% hasta julio de 2023, comparado con el mismo lapso de 2022.
César Coronel, gerente general del estudio jurídico Defensa Deudores, explicó que cada vez reciben más casos de pequeñas y medianas empresas que han tenido que incluir pagos de vacunas o extorsiones dentro de su planificación financiera.
Asimismo, las denuncias de robo, de acuerdo con datos de la Fiscalía, se han incrementado más de 12% en el primer trimestre de 2023, sobre todo en provincias como Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos.
Empresarios industriales, comerciales y agrícolas, con énfasis en las provincias más pobladas de la Costa, ya han reportado reducción de jornadas de trabajo, menos ventas y crecientes gastos por seguridad en lo que va de 2023.
Incluso antes del reciente decreto de estado de excepción emitido por el presidente Guillermo Lasso para las provincias de Manabí, Los Ríos y el cantón Durán, los gremios de exportadores había pedido un estado de excepción más extenso que cubriera Santo Domingo, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
Todo este escenario apunta a que, a una economía golpeada por la incertidumbre política, se suma el impacto de la inseguridad.
Economistas como Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, ya han alertado que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2023 está cada vez más cerca del 1%; y cada vez más alejado de las proyecciones iniciales optimistas del 3%.
Según cálculos del Banco Mundial (BM), una situación como la que Ecuador vive actualmente puede generar pérdidas directas equivalentes al 3,5% del PIB, es decir, más de $4.000 millones.
Deterioro económico
Los principales perjudicados de la actual crisis son los ecuatorianos de a pie, los cuales ya sienten un deterioro en los niveles de empleo y pobreza.
Con corte a junio de 2023, el número de personas con empleo adecuado (salario básico o más y ocho horas de labor al día) se mantiene estático en alrededor de 2,9 millones en comparación a junio de 2022.
Sin embargo, el porcentaje de población ocupada en el sector informal ha subido del 51,6% en junio de 2022 al 52,7% en junio de 2023.
El impacto es mayor en los sectores rurales con más de 8 de cada 10 personas, dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), sobreviviendo en todas las categorías del subempleo, trabajo precario e informalidad.
Asimismo, de acuerdo con el reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el porcentaje de la población pobre (menos de $89,20 al mes) subió del 25% en junio de 2022 al 27% en junio de 2023.
En el caso de la población en extrema pobreza (menos de $50,32), el porcentaje se mantuvo en alrededor del 10,8%.
El deterioro no ha sido mayor gracias al gasto de más de $1.400 millones en bonos y ayudas sociales directas.
Pero la economía, según Alicia Cárdenas, economista y pequeña empresaria, muestran claros signos de que ya pasó el rebote producido en 2021 y 2022 como consecuencia de la abrupta caída de 2020 con la pandemia.
“Si se confirma el crecimiento del 1% o menos hasta finales de 2023, eso se traducirá en menos gastos de los hogares, más informalidad y menos ventas para las empresas”, puntualizó.
La pobreza si tuvo una reducción sustancial desde el pico alcanzado en 2020, gracias a que el país creció 4,3% en 2021 y 2,9% en 2022.
Sin embargo, economistas como Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, insisten en que Ecuador necesita crecer a un promedio de más del 4% por varios años para cambiar estructuralmente sus niveles de pobreza e informalidad.
LA HORA ya analizó que ninguno de los candidatos para las elecciones presidenciales anticipadas tiene un plan realista para encaminar la economía ecuatoriana a esos niveles de crecimiento.
Soluciones y alivios financieros
Desde José Antonio Camposano, miembro de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), hasta Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, coinciden en pedir que se establezcan medidas de alivio como la doble deducibilidad en los gastos relacionados con seguridad.
Así, por ejemplo, si el gasto es de $1.000, se lo contabilice como $2.000 para reducir el pago de impuestos.
Desde el sector turístico incluso se ha llegado a pedir un decreto ley específico para aliviar deudas y dar otro tipo de facilidades para una actividad que, en la mayoría de los casos, no ha recuperado los niveles prepandemia
El Gobierno de Lasso emitió dos decretos de ley para facilitar la reestructuración de deudas empresariales y dar alivio a jóvenes con deudas estudiantiles.
Sin embargo, la Corte Constitucional, con fecha 28 de julio de 2023, emitió dictamen desfavorable de ambas iniciativas.
Esto dejó sin piso las intenciones de Lasso de minimizar los efectos de la crisis y pone en entredicho el futuro de otros decretos ley en carpeta para ayudar al sector productivo.
Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), su presidente Miguel Ángel González ha asegurado que se hacen esfuerzos para coordinar acciones público-privadas para mejorar la seguridad de los negocios.
En días pasados, varios empresarios del sector comercial, industrial, turístico, entre otros, viajaron a Medellín para aprender sobre cómo esa ciudad colombiana pudo bajar los índices de violencia luego de ser una zona caliente durante las décadas de 1980 y 1990.
Todo apunta a que se necesita más inversión social y un plan realmente estructurado para la lucha contra las bandas criminales; pero, incluso haciendo las cosas bien, los resultados no serían inmediatos.
Una alternativa de corto plazo, pero que está restringida por el escaso campo de endeudamiento del país, es incrementar el gasto en obra pública; pero para eso se necesitan mayores créditos de organismos multilaterales y más compra de bonos del Estado por parte del sistema financiero privado. (JS)