El escándalo sobre las prácticas financieras ilegales del rey emérito Juan Carlos I creció aún más, al revelar este viernes la prensa española que el ex monarca retiró efectivo de forma regular de una cuenta de Suiza entre 2008 y 2012 para pagar gastos no declarados.
Los movimientos de la cuenta suiza que Juan Carlos de Borbón utilizó para esconder el dinero que presuntamente recibió de la dinastía saudita en concepto de coimas, reflejan continuas salidas de más de 100.000 euros mensuales, según documentación que publicó el diario El Confidencial.
Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012, años en los que la ciudadanía española tuvo que hacer frente a duros recortes de gasto, aprobados por el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy para lidiar con una fuerte crisis finaciera.
En esos mismos años de crisis, el padre del actual rey Felipe VI habría usado el dinero «para sufragar gastos no declarados de toda la familia real», dice El Confidencial, que también revela que en la cuenta abierta a nombre de la Fundación Lucum figura como dirección de contacto el Palacio de La Zarzuela, donde residía Juan Carlos de Borbón, quien abdicó en 2014.
En un único año, 2010, el ex monarca habría sacado de la cuenta 1,5 millones de euros, de acuerdo con los recibos. Los retiros de dinero se hacían bajo el concepto de «gastos personales».
Por otro lado, las únicas transferencias que ingresaron en esa cuenta -abierta en el banco suizo Mirabaud- fueron la supuesta «donación» de 100 millones de dólares de Arabia Saudita, que ingresó el 8 de agosto de 2008, y otro ingreso del rey de Barhéin, Hamad bin Isa Al Khalifa, de 1,9 millones de dólares.
En los últimos días la prensa española sacó a la luz información sobre una investigación abierta en Suiza contra Juan Carlos de Borbón por blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.
El fiscal suizo a cargo del caso, Yves Vertossa, envió recientemente pruebas documentales y testificales contra el ex monarca a sus pares de España, quienes por primera vez investigan de forma preliminar para determinar su responsabilidad penal, aunque sólo a partir de junio de 2014, la fecha de su abdicación, ya que antes estaba protegido por la inmunidad que le otorga la Constitución.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ya calificó de «inquietantes» y «perturbadoras» las informaciones sobre la presunta corrupción del padre de Felipe VI, al tiempo que abrió la puerta a una reforma constitucional para limitar la inviolabilidad del Rey, que impide que sea juzgado por actos cometidos en su cargo.
Su socio de gobierno, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), reconoció hoy la «valentía» de Sánchez por plantear esta cuestión, pero admitió que «difícilmente» el cambio pueda llevarse a cabo en el corto plazo por la correlación de fuerzas actuales y los mecanismos legales.
Por un lado, Iglesias reconoció la «sensatez» de Felipe VI al querer alejarse de su padre, como hizo en marzo pasado cuando renunció a su herencia al verse salpicado por las informaciones que revelaron que era el beneficiario de la cuenta «off shore».
Sin embargo, «hay cosas que difícilmente se pueden disociar: resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey, que ostentó durante 40 años; y resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación», dijo el líder de la izquierda española.