A pocos días de que el Gobierno envíe a la Asamblea el proyecto de ley laboral, que era parte de la Ley de Creación de Oportunidades, analistas advierten de riesgos en la propuesta, mientras que el ministro del ramo, Patricio Donoso, dice que se harán algunos arreglos a la propuesta original. De acuerdo con anuncios gubernamentales, el envío se lo haría con carácter económico urgente, pero después de aprobado el proyecto tributario.
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aseguró ayer en una entrevista en Ecuavisa que se corregirá el tema de la repartición de utilidades y que quedará como en el Código del Trabajo: 10 % a los trabajadores y 5 % a las cargas familiares. La propuesta del régimen decía que el 15 % se repartiría directamente a los trabajadores.
El ministro también reconoció que fue un error haber propuesto el artículo 70, en el cual se establecía que un empleado debería pagarle una indemnización al empleador. El ministro también dijo que se ha dejado insubsistente el límite temporal que se había sugerido para el cobro de utilidades y aseguró que no habrá restricciones para las vacaciones.
En todo caso, dijo que, si hay que hacer otros cambios, eso se logrará a través del debate en la Asamblea. Donoso dijo que sí ratificará ciertos cambios laborales que le parecen adecuados para hacer más atractiva la contratación de empleados, pues su meta es lograr crear hasta el final del periodo unos 2 millones de puestos más. Se mantiene la eliminación de la jubilación patronal y se la cambia por un régimen voluntario, pero con fondos del propio trabajador.
Para Fabián Jaramillo, experto en temas laborales, el Gobierno deberá afrontar varios riesgos en la reforma laboral. Consideró que una de las mayores críticas que se han hecho ha sido que, de aprobarse, habría una coexistencia de dos leyes laborales y, por ende, dos grupos de trabajadores, por lo que habría discriminación (menos indemnización para un grupo, menor pago por horas extras, entre otros). Explicó, en cambio, que el propio Gobierno ha expuesto un excelente argumento en la Ley de Creación de Oportunidades y que es el tema de los “derechos adquiridos y las expectativas legítimas”. La sugerencia de Jaramillo es reformar el Código y que los trabajadores actuales mantengan sus derechos adquiridos, pero que los que ahora están desempleados y que, por ende, no tienen derechos adquiridos, pero sí expectativas legítimas, puedan tener otros derechos laborales adquiridos.
Jaramillo dijo que la reforma al Código no es tan complicada. Lo que se debe hacer es recuperar el contrato a plazo fijo, que fue eliminado por el correato. Crear varios modelos de contrato para diversos casos, en los cuales no se deba pagar indemnización, para así incentivar estos contratos. Pone dos ejemplos: un joven puede tener más interés en adquirir experiencia que recibir una indemnización al terminar la relación laboral; una persona de mediana edad, pronta a jubilarse, a la cual su empleador ha despedido, pudiera querer terminar los años que le faltan siendo contratado en otra empresa para acceder a la jubilación del IESS, pero que después de cinco años, por ejemplo, no exista la obligación de indemnizarlo.
Otra recomendación que hace es liberalizar el tema de las jornadas laborales: una disposición sencilla que diga que hay libertad para acortar contratos de 40 horas semanales. Y que si llegara a haber abusos, entonces que se pueda denunciar. Considera un error querer abaratar el costo de horas extras. Lo que se debe procurar es que nadie trabaje horas extras, y si se requiere más trabajo, entonces que se contrate a otras personas. También piensa que ha sido un desatino no tomar de la ley actual la posibilidad de trabajo a jornada parcial.
Coincide en que el artículo 70, sobre el pago de indemnización al empleador, era un error y debe ser retirado del proyecto. Para Jaramillo es positivo que se haya eliminado el visto bueno, pero asegura que esto debe ser para todos los trabajadores. Considera que debe haber una jubilación patronal igualitaria para todos. En este sentido, recordó que ya había una suerte de consenso en que se pudiera aportar por parte del trabajador y del empleador a un fondo que pueda ser trasladado cada vez que el empleado cambia de empresa. Así, al final de los días laborales, todos tendrán su fondo.
Por su parte, Paul Cáceres, también experto en temas laborales, dijo que cualquier cambio que plantee el Gobierno debe hacerlo con base en principios de constitucionalidad. El primero de ellos es que no exista discriminación, es decir, que no haya unos trabajadores bajo una normativa y otros bajo otra. Explica que se deben acoger principios de irrenunciabilidad de derechos, de progresividad.
En cuanto al texto de la ley, dijo que aún hay falta de certezas, pues han circulado varios borradores diferentes. En todo caso, se mostró contrario a la división discrecional de la jornada de 40 horas. Dijo que esto podría llevar a que trabajadores deban laborar los siete días de la semana, aunque menos horas cada día. Para Cáceres, no se va a poder ampliar el mercado productivo si no hay quien compre. Por lo tanto, asegura que no es una solución bajar los ingresos de los trabajadores. (El Universo)