Aunque el empresario Carlos Miguel D. M. asegura que el operativo realizado en su contra para incautar armamento fue hecho por una «estructura estatal» para perseguirlo y montar evidencias ilegales a fin de atacar su reputación por la actividad económica que realiza y por ello planteó una denuncia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cree que la querella en su contra y otros policías es una forma de tratar de «amenazar o amedrentar» a la Policía nacional.
El miércoles último, dos días después de que Carlos Miguel D. M. quedó en libertad, luego de una audiencia de flagrancia por las tres pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9500 municiones que se encontraron en su poder el domingo último en Tumbaco, la defensa del empresario planteó una denuncia por delitos como fraude procesal, usurpación de funciones públicas, privación ilegal de libertad, intimidación, asociación ilícita.
Romo encabeza la lista de personas denunciadas, junto al fiscal que lideró la operación Victoria 653, Washington Rojas; la jueza Eliana Carvajal, quien suscribió la orden de allanamiento; y siete oficiales y agentes operativos de la Policía Judicial y de la Unidad de Delitos con Armas de Fuego de la Policía.
Carlos Miguel D. M., ecuatoriano estadounidense, en su denuncia se presentó como representante de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S. A. y aclaró que el allanamiento fue un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de esa empresa «por claros y evidentes intereses particulares de la ministra (Romo)».
Tras la audiencia de flagrancia contra Carlos Miguel D. M., a Romo le llamó la atención la decisión adoptada por la jueza Geovanna Palacios, de dejar en libertad al empresario y solo abrir una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, pese al «arsenal» encontrado.
La ministra recordó que Carlos Miguel D. M. estuvo vinculado a la contratación de seguridad de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Aparentemente la Senain contrató a la empresa BlueCell, formada por el empresario en el 2011, la cual a su vez contrató a la española UC Global para la seguridad que tuvo Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres.
En cambio, Hanrin Ecuadorian, empresa formada en el 2017 y destinada a la exploración y explotación minera, mantendría seis áreas de explotación ubicadas en la zona de Buenos Aires, al norte de la provincia de Imbabura.
En su momento, Marcelo Salvador, uno de los abogados de Carlos Miguel D. M., dijo que los mensajes emitidos por Romo en Twitter revelan una actitud prejuiciada contra su cliente. Criticó que se lo haya tratado como a un delincuente, pese a que durante el operativo y la audiencia el empresario mostró permisos de todas sus armas para uso deportivo: unas vigentes y otras en trámite de aprobación.
«Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», señaló ayer Romo. (I) El Universo