Solo minutos después de su juramentación, el presidente Donald Trump cumplió el lunes una de sus promesas de campaña al emitir una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Este derecho está consagrado y protegido en la Enmienda 14 de la Constitución. Sin embargo, el gobierno de Trump plantea que el texto original de la enmienda ha sido malinterpretado por las cortes.
Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un derecho protegido por la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos».
¿Cuál es el propósito de Trump? Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para futuros niños nacidos de madres que se encuentren ilegalmente o temporalmente en Estados Unidos, a menos que el padre del niño esté con un estatus legal en el país y permanentemente.
La orden también dice que el gobierno federal no debe reconocer a los niños como ciudadanos estadounidenses si nacieron de madres que tenían un estatus legal, pero temporal en el país y el padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento.
La orden establece que los niños nacidos de residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde, tienen derecho a la ciudadanía.
En la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, el gobierno de Trump afirmó que la Constitución había sido malinterpretado por una decisión de la Corte Suprema de 1857. Es probable que la orden sea objeto de impugnaciones legales que afirmarán que el gobierno necesita cambiar la Constitución aprobando una enmienda mediante el voto de dos tercios del Congreso, un listón extremadamente alto.
Los demócratas y algunos grupos legales han prometido desafiar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Por ahora, el plan de Trump podría tomar años.
¿QUÉ ES EL DERECHO A LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO O NATURALIZACIÓN?
La enmienda 14 de la Constitución, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil, establece que «toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida».
«La Constitución dice que una vez usted es naturalizado, usted es ciudadano (…) En general, ser naturalizado es lo mismo que haber nacido en este país», explicó el abogado constitucionalista, Joseph Malouf.
Mientras, el Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios, establece que la desnaturalización solo puede ocurrir ante una corte federal por medio de un procedimiento civil o en virtud de una condena penal.
Por su parte, el abogado y profesor de la Universidad George Washington en DC, Martin Gold, indicó que la interpretación de este estatuto ocurrió en 1898 mediante el caso United States v. Wong Kim Ark.
La controversia que la Corte Suprema resolvió en ese momento era si Wong Kim Ark realmente era ciudadano estadounidense, luego de que las autoridades le prohibieran la entrada a Estados Unidos al regresar de un viaje a China para visitar a sus padres. El máximo foro judicial falló a favor de Wong Kim Ark.
A pesar de que Trump ha dicho que Estados Unidos es el único país que otorgan este derecho, más de 30 países otorgan ciudadanía por derecho de nacimiento, incluidos Canadá y Brasil.
¿CUÁL SERÍA EL PESO LEGAL DE LA ACCIÓN EJECUTIVA QUE TRUMP QUIERE IMPLEMENTAR?
Malouf y Gold coinciden en que el presidente por sí solo no puede revertir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
«No hay autoridad de parte del ejecutivo para poder cambiar la Constitución de cualquier forma», enfatizó.
«¿(Este precedente) seguirá siendo estable? Eso está por verse. Sólo sé que el presidente no puede cambiar esto unilateralmente, porque es una disposición constitucional que ha sido interpretada por la Corte Suprema, pero sí puede tomar medidas que obliguen a revisar el asunto nuevamente», detalló Gold.
¿CÓMO SE PUEDE ENMENDAR LA CONSTITUCIÓN?
El Artículo 5 de la Constitución establece que para enmendar la Carta Magna es necesario una votación a favor de 2/3 de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, lo que significa que se requiere un apoyo bipartidista.
«La Constitución se puede cambiar. A veces la necesidad viene por un caso en particular, en este caso la necesidad viene por un cambio en la Ley de Inmigración y en cómo las personas se reconocen como ciudadanos, pero lleva mucha gente a favor de estos cambios para que se convierta en realidad», explicó Malouf.
Asimismo, el abogado señaló que también se necesita el 75% de aprobación de legisladores estatales o que el proyecto se apruebe por medio de una Convención, asegurando que el Senado o la Cámara Baja por sí solos no pueden cambiar la Constitución.
«No va a ser fácil que de un día para otro cambien algo tan importante como es la Enmienda 14», puntualizó.
Por su parte, Gold insistió en la poca probabilidad de que Donald Trump consiga el apoyo bipartidista del Congreso y una mayoría de los estados para enmendar la Enmienda 14.
«Así que la única manera de cambiarlo es tomar alguna medida, alguna orden ejecutiva, alguna medida que, en esencia, cree una controversia legal, y luego llegue a los tribunales. Luego veremos qué deciden hacer los tribunales al respecto, ya sea que se adhieran o no al viejo precedente, o lo cambien o no», concluyó.