Diario Expreso.- “Hay que poner un alto a todo este tipo de abusos por parte de empresas privadas que vieron al transporte como el mejor negocio de este país”, dijo firmemente Miguel Bonilla, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Inter Provincial (Fenacotip), quien recientemente logró una medida cautelar a su favor, que dispone a la ANT y CTE, que a su vez dispongan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la suspensión del uso de medios tecnológicos como radares, fotorradares y fotosensores.
Diario EXPRESO conversó con el representante de Fenacotip y detalló los perjuicios que sufrieron y cómo lograron que un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas acepte la medida cautelar que impide el funcionamiento de estos aparatos, que tal como lo ha contado EXPRESO, ha causado miles de reclamos en el país.
Según relata Bonilla, la Fenacotip ha sufrido un millonario perjuicio por los fotorradares. “La federación está constituida por 300 cooperativas, que poseen unos 13.000 buses, y cada bus tenía un promedio de $ 1.000 en multas mensual, lo que nos representaba mucho gasto para todos. Es por esto que nos vimos en la obligación de hacer un reclamo formal para defender a nuestro sector porque la afectación económica es bastante alta”, dijo Bonilla, quien detalló que fueron las provincias de Guayas, Manabí y Tungurahua, las zonas donde reportaban mayor índice de multas injustas.
EXPRESO trató de conversar con el principal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), sin embargo, desde el Departamento de Comunicación de la entidad se indicó que no se encontraba en el país.
El representante de Fenacotip apunta a las concesionarias como recaudadoras de las multas por fotorradares. “Las concesionarias son las que recaudan, pero no hay una normativa que les obligue a invertir en seguridad vial. El dinero va a la empresa misma. Eso se tiene que investigar y transparentar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Este es el negocio más millonario del Ecuador”, indicó Bonilla, quien aclaró que no están en contra de los radares, pero sí piden su correcto uso.
“Nosotros, como transportistas responsables, no podemos estar en contra. Está considerado dentro de la ley, pero asimismo se tiene que hacer el trabajo que establece la norma internacional. No tenemos una normativa específica para poder hacer las instalaciones y están instalando con base en un reglamento que hace la empresa y eso no es justo ni legal”, sentenció.
Pese a que esta medida fue sentenciada el pasado 24 de agosto por el juez Emerson Curipallo, el próximo jueves 5 de octubre se realizará una nueva audiencia de manera virtual, donde el juez competente dará la ratificación de la medida cautelar o el desistimiento, hasta mientras la medida está vigente y de acuerdo a lo dispuesto, se debería suspender el uso de los radares; sin embargo, la ATM, aseguró en un comunicado que no ha recibido notificación.