El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, anunció que existen 2.000 demandas por alimentos represadas de adultos mayores en contra de sus hijos o familiares. Además, explicó que aproximadamente 120.000 adultos mayores, que forman parte de los servicios del MIES, podrían acceder a este beneficio.
Bernal explicó que los adultos mayores deben cumplir dos características para acceder a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas emitida por el MIES, pero, primero tendrán que presentar una demanda, al igual que las pensiones alimenticias para niños o adolescentes.
“Según la norma, es para los que cumplen dos características: carestía o con discapacidad. Lo primero se refiere, por ejemplo, a personas en pobreza o extrema pobreza. Los adultos mayores que cumplan con las características deberán presentar una demanda. El proceso es exactamente igual que para las pensiones alimenticias de los niños y adolescentes. Los casos pasan a responsabilidad de la justicia ecuatoriana”.
El ministro también señaló que la justicia ecuatoriana será la encargada de determinar quién realiza este pago, debido a que la Ley establece que serán responsables los familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
“Puede pasar a los diferentes familiares a discreción del juez. Es él quien tiene que determinar, de acuerdo con las realidades económicas de los miembros. Si son tres hijos se puede dividir la pensión para los tres. Si hijos o nietos no tienen las condiciones, pasa al siguiente grado”.
Por otra parte, recalcó que los adultos mayores que reciben bonos del Estado sí pueden recibir la pensión alimenticia.
“Son dos temas completamente distintos. Lo uno es la protección del Estado en función de sus responsabilidades. Si con la pensión, en un proceso de actualización del Registro Social, sale de la pobreza o tiene una mejor condición es otra realidad”.
Para concluir, Bernal indicó que los jueces aplicarán las mismas sanciones que se determinan por el incumplimiento de pago de la pensión alimenticia, por lo cual el responsable podría terminar con la privación de su libertad.
Fuente: Entrevista El Comercio
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