Las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura (CJ) han garantizado la continuidad del servicio de justicia, durante el primer mes de emergencia sanitaria por el COVID-19.
Desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril, se conocieron 2579 infracciones flagrantes en todo el país. Del total de casos, 1777 corresponden a la materia Penal, 429 a Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, 281 a Tránsito y 92 a Adolescentes Infractores.
Las provincias con más casos registrados son: Guayas 462, Manabí 280, Pichincha 210, Esmeraldas 173 y El Oro 165.
Asimismo, entre el 27 de marzo y el 16 de abril, en Guayas se realizaron 154 videoaudiencias a través de las cuales los servidores judiciales conocieron causas de flagrancias desde sus domicilios.
En el marco de la Resolución 031-2020, 250 unidades judiciales y 670 servidores están operativos para atender casos de flagrancia, a escala nacional.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y en este marco reitera su compromiso de velar por la vida y la salud de las y los usuarios que asisten a las unidades judiciales, así como de las y los servidores que laboran en esas dependencias.