El fiscal de Ecuador, Carlos Baca Mancheno informó que se ha establecido una mesa de trabajo con la Asamblea Nacional, con el Consejo de la Judicatura, y otras entidades estatales porque se va a responder de una manera frontal, clara y sin ningún temor a las actividades del crimen organizado.
El Fiscal General fue categórico en calificar el ataque al Comando Policial de San Lorenzo como un acto terrorista pues se encuadra –explicó- en dos descripciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto es, destrucción de bienes muebles e inmuebles del Estado (Art.366 numeral 2) y uso de explosivos para atentar contra la vida y contra el patrimonio público y privado (Art.366 numeral 9).
Dijo que el atentado terrorista que dejó 28 personas con heridas leves y la destrucción de 27 viviendas y del Comando Cantonal de la Policía Nacional, se produce como represalia a las acciones que ejecutan las entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, contra actividades ilícitas en la frontera.
Informó que se han coordinado acciones para precautelar la integridad de los fiscales, secretarios y funcionarios en general. También, anunció que ha coordinado acciones con el Fiscal General de Colombia con quien ya se están desplegando actividades conjuntas.
“Estamos articulados en nuestra misión constitucional de coordinar las actividades que realizan todas las instituciones del Estado, por el bien del país. Estamos articulados con las medidas que se han tomado por parte de la Función Ejecutiva, por parte del señor presidente de la República, y sus ministros de Estado”, dijo el Fiscal .
En esta participaron el ministro del Interior, César Navas; el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el ministro de Defensa Patricio Zambrano, entre otras autoridades de Estado.
En las últimas semanas, las instituciones del Estado han asestado importantes golpes contra el crimen organizado en la zona de frontera, incautando más de siete toneladas de precursores químicos y una tonelada de droga.
Navas informó que se ha reforzado la zona del ataque con 300 policías y 300 miembros de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo decretó el estado de excepción para las localidades de San Lorenzo y Eloy Alfaro por sesenta días.