Carlos Hernán S. arrebató la vida a sus padres, golpeándoles la cabeza con un objeto contundente (presumiblemente un martillo), con el propósito de despojarles de sus bienes y vender las cabezas de ganado que eran propiedad de sus progenitores. Cometido el asesinato, escondió sus cuerpos en el baño de la casa y huyó. El hecho se suscitó el 4 de septiembre de 2018.
Tres días después, una hija decidió hacer una visita a sus padres en la finca ubicada en Tulipe, cantón San Miguel de los Bancos, donde residían junto con su hijo, el victimario. Al llegar al lugar encontró muertos a su madre, de 75 años, y a su padre, de 77, por lo que inmediatamente alertó a la Policía Nacional y denunció el hecho en la Fiscalía cantonal, que inició las investigaciones.
El 10 de septiembre de 2018, Carlos Hernán S. fue detenido con fines investigativos en Santo Domingo de los Tsáchilas y tras la formulación de cargos por el delito de asesinato quedó con prisión preventiva.
En la audiencia de juzgamiento, del lunes 20 de mayo de 2019, el fiscal Juan Carlos Núñez, de la Unidad de Gestión de Audiencias de Pichincha, presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron la materialidad del delito y la responsabilidad de Carlos Hernán S., agricultor de 31 años, en el hecho.
Entre las pruebas exhibidas por la Fiscalía constan doce testimonios de agentes aprehensores e investigadores, de familiares de las víctimas, el informe de levantamiento del cadáver, la autopsia médico legal, el informe de reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, el perfil genético (ADN) de la víctima, que fue hallado en la ropa del victimario, el testimonio de quien compró las nueve cabezas de ganado por las que habría pagado USD 2.800 y el testimonio del propietario del vehículo tipo camión que transportó las reses, entre otros.
Por esa razón, el Tribunal de Garantías Penales -integrado por los magistrados María Mercedes Suárez (ponente), Ivón Vásquez y Juan Caiza- declaró la culpabilidad de Carlos Hernán S., como autor directo del delito de asesinato y lo sentenció a 26 años de pena privativa de libertad.
El fallo del Tribunal también dispone como medida de reparación integral: el sentenciado debe pagar USD 10.000 a los familiares de las víctimas y una multa de 1.000 salarios básicos unificados, además de la verdad histórica de los hechos. (Boletín)