La incineración de la droga decomisada en el país no se cumple de acuerdo con los plazos que establece el Código Penal.
Esta norma dice que la destrucción de los narcóticos debe efectuarse 15 días después de que el proceso pasa a la fase de investigación pública (Artículo 474, numeral 3).
Pese a esto, en el Ecuador existen 26,4 toneladas de droga, cuya destrucción está prevista hasta el próximo mes (noviembre del 2018).
El alcaloide que se quemará corresponde a incautaciones realizadas a bandas dedicadas al narcotráfico y a la venta local.
Con el Decreto Ejecutivo 376, de abril pasado, el Ministerio del Interior asumió la labor de destruir estas sustancias. Esa tarea la realizaba la Secretaría Técnica de Droga (Seted), pero el ente desapareció.
La primera quema a cargo de este Ministerio se realizó el 16 de julio, en Esmeraldas. Se eliminó una tonelada de droga. Después del decomiso, las sustancias ilícitas pasan inicialmente a las bodegas de la Dirección Antinarcóticos.
De allí van al Ministerio del Interior, con una orden judicial. Actualmente, las 26,4 toneladas de estupefacientes se encuentran almacenadas en cinco bodegas, a escala nacional.
Se trata de droga decomisada desde el 2016 hasta este año. Los dos búnkeres más importantes están en Quito y Guayaquil. Por seguridad no se revelaron los sitios específicos.
La Seted tenía una empresa de seguridad privada que custodiaba las bodegas. Ahora, la protección permanente está a cargo de la Dirección Nacional Antinarcóticos y agentes comunitarios.
La Policía dice que estos lugares cuentan con un sistema de videovigilancia, candados en las puertas y seguridad electrónica.
Desde el 1 de julio hasta el 10 de octubre del 2018 se han incinerado 15,9 toneladas de narcóticos. Se eliminaron cocaína, heroína, marihuana, etc.
Una quema dura alrededor de ocho horas. En Cuenca, por ejemplo, uno de los procesos se realizó en los hornos de una empresa privada.
Ocurrió a finales de septiembre y se quemaron 11 toneladas de cocaína. También se ha incinerado en Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y El Oro.
Diego Tipán, subsecretario de Seguridad, señala que los plazos del COIP no se cumplen con precisión y lo atribuye, por ejemplo, a la “falta de tiempo” de los jueces.
En este momento todavía hay droga acumulada del 2016 y 2017. Un magistrado debe estar presente durante el proceso de destrucción.
Él verifica el examen químico y firma un acta donde consta la cantidad y tipo de droga eliminada. Antes también había droga acumulada desde 1992.
Tipán dijo que en ese entonces los procesos judiciales se extinguieron y nadie revisó que había droga acumulada. Recién fue destruida entre 2015 y 2016.
Por eso, las autoridades coordinaron con el Consejo de la Judicatura para que se respeten los plazos. Con esa coordinación, ahora una vez al mes se designa un juez para que cumpla con el proceso de veeduría. Antes, la Seted contrataba a una empresa privada, que le costaba al Estado USD 1,46 más IVA, por cada kilo destruido. (El Comercio)