El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se posesionó en junio del 2019. Desde esa fecha hasta enero de 2020 se iniciaron 23 procesos de investigación, que equivale al 4,4% de denuncias que llegaron a la entidad y que están relacionadas con actos de corrupción.
Según datos proporcionados por el Cpccs, hasta el 15 de enero del presente año se recibieron 516 denuncias sobre posibles actos de corrupción. De estas, 23 fueron admitidas. Un total de 311 causas fue derivado a otras entidades.
Christian Cruz, presidente del Cpccs, señaló que se redireccionaron esas causas por dos razones. La primera es que un “importante número” de ellas ya se ingresó en otras instancias, como la Fiscalía General del Estado.
La segunda es que otras instituciones pertenecientes a las Funciones de Transparencia y Judicial tienen las competencias para resolverlas.
Las 23 denuncias que actualmente están en investigación, indicó Cruz, tienen que ver con vulneraciones del derecho a la participación, ejecución de presupuestos y contratación de obras de los Gobiernos Autónomos (GAD).
Ninguna de ellas ha sido tramitada todavía en ninguna instancia de control del Estado.
Con la Constitución del 2008 el Cpccs asumió tres funciones: designar autoridades de control, apoyar la lucha contra la corrupción y promocionar la participación.
En lo que respecta a la lucha anticorrupción, la Norma Mayor establece que entre las obligaciones del Cpccs están: investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad y actuar como parte procesal en las causas que se instauren.
El nuevo Cpccs ha presentado en la Fiscalía y Contraloría denuncias por supuestos indicios de corrupción en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y por el mal manejo de la deuda pública.
Sin embargo, estas causas fueron ya iniciadas por el Consejo Transitorio, que se propuso investigar un total de nueve obras consideradas emblemáticas durante el régimen del expresidente Rafael Correa.
En el año que el Transitorio estuvo en funciones se presentaron denuncias por las obras: Poliducto Pascuales-Cuenca, Toachi-Pilatón, Manduriacu, Escuelas del Milenio, Hospitales Públicos, Reconstrucción de Manabí y Refinería del Pacífico.
Cruz indicó que ya es competencia de la Fiscalía que esas investigaciones avancen.
En los nueve casos, el Cpccs es parte procesal.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, el número de denuncias que se remiten a otras instituciones muestra una duplicación de funciones. Añadió que el Cpccs, tras su conformación con la Constitución de Montecristi, se convirtió en una más en la tarea de la lucha anticorrupción.
Jorge Benavides, experto en Derecho Constitucional, dijo que la función del Cpccs es más bien la de promocionar la participación ciudadana. “Una de esas formas de participación es la fiscalización de las autoridades porque el Consejo de Participación no tiene la facultad de sancionar”.
Para el vocal del Cpccs, David Rosero, no existe una duplicación de funciones. El número de casos derivados a otras instancias, dijo, evidencia que se agilitan los procesos de las denuncias en las entidades competentes.
“Sí hace falta educar a los ciudadanos sobre dónde poner una denuncia porque hay la práctica de presentar un caso en todas las instituciones de control”, manifestó Rosero.
Para solventar esto, el Cpccs prepara una aplicación en la que de manera virtual se pueda consultar el proceso para denunciar y seguir los casos.
Jorge Rodríguez, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, señaló que los pedidos de investigación en el Cpccs responden a la falta de confianza en los organismos de control. “La gente piensa: por lo menos en el Cpccs voy a denunciar. Y se topa con la misma realidad”. (El Comercio)
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