El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), con sede en Panamá, se solidarizó con Ecuador frente a las siete muertes registradas este año en la frontera con Colombia y condenó los hechos violentos atribuidos a grupos armados vinculados al narcotráfico que operan a la zona, se conoció este miércoles en este país andino.
En una resolución con fecha 8 de mayo, el Parlatino lamentó la pérdida de vidas a causa de los atentados terroristas reportados en los límites entre los dos países suramericanos.
Los hechos se han registrado desde el 27 de enero, cuando explotó un coche bomba aunque sin víctimas fatales. Posteriormente, el 20 de marzo la detonación de un artefacto ocasionó la muerte de cuatro militares y seis días después fue secuestrado un equipo de prensa, cuyo asesinato confirmó el presidente Lenín Moreno el 13 de abril.
El 17 de abril, el gobierno difundió una prueba de vida de otros civiles que permanecen en manos de dichos grupos y se informó que al menos en esa fecha llevaban una semana capturados.
Ante los sucesos, el Parlatino expresó su solidaridad con la República del Ecuador, sus autoridades, las familias de las víctimas y el pueblo en general, condenando enérgicamente lo ocurrido, perpetrado por una disidencia de la guerrilla FARC-EP en la frontera”, según indica el documento.
El órgano regional informó que el 3 de mayo recibió además una carta suscrita por la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, economista Elizabeth Cabezas, quien solicitó la solidaridad de la comunidad internacional, pidiendo el cese de estos hechos violentos y la liberación de los secuestrados.
Como resultado, en la resolución del Parlatino se ordena difundir el contenido de la misiva a todos los Congresos de América Latina y el Caribe “solicitando pública solidaridad y condena enérgica para que los enemigos de la paz cesen sus actividades criminales en esa región y en todo el territorio latinoamericano”.
El documento expedido por esta instancia lleva la rúbrica del diputado panameño Elías A. Castillo G, quien preside el Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
La carta enviada por la titular del Legislativo ecuatoriano señala que todos los actos terroristas reportados se atribuyen al grupo disidente colombiano Oliver Sinisterra, comandado por Walter Artizala, alias Guacho.
Cabezas indicó que la Asamblea Nacional del Ecuador, como parte principal del esquema de poderes del Estado ecuatoriano se encuentra trabajando en el espacio de sus competencias, “para hacer frente a esta amenaza a la seguridad”, pero que ello no se limita a la eventualidad espacial del Ecuador, “sino que involucra el ámbito regional e internacional”.
La presidenta de la Asamblea Nacional ratificó que “Ecuador es un país de paz” y llamó a la comunidad internacional a sumarse y hacer pronunciamientos oficiales “condenando estos hechos de violación atentatorios a los derechos humanos, así como todo acto de violencia que amedrente la paz y seguridad del estado, la región y el sistema internacional”.
Varios gobiernos y países han expresado a Ecuador su solidaridad tras los acontecimientos. Por otra parte, el gobierno de Ecuador ha reforzado el control militar en la zona fronteriza que han permitido salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona y cortar el suministro de logística para estos grupos, persuntamente vinculados al narcotráfico internacional. Además, se busca implementar programas de desarrollo y dar facilidades a los empresarios para mantener los empleos en ese radio de acción.
La víspera el Ministerio de Justicia ecuatoriano anunció que entregará a los familiares del equipo de prensa información desclasificada sobre el proceso para liberarlo y para recuperar sus cuerpos, que todavía no han podido ser repatriados por la Cruz Roja Internacional. (Andes)