El Consejo de la Judicatura dio detalles este 6 de mayo sobre las nuevas Unidades Judiciales Especializadas, que deberán crearse por mandato popular. El 21 de abril, la pregunta C obtuvo el 59,92% de respaldos, avalando el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
En rueda de prensa, el Pleno de la Judicatura explicó la hoja de ruta para su aplicación. Estas requerirán un presupuesto aproximado de USD 15 millones, para lo cual «se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Nacional para la asignación de recursos» según dijo el presidente de la institución, Álvaro Román.
Agregó que, tras un análisis técnico de la Dirección Nacional de Innovación, las Unidades Especializadas se distribuirían en cinco Distritos, con 43 jueces para Unidades Judiciales y 48 para Salas Especializadas, además de personal de apoyo. Román detalló que todo dependerá de la carga procesal.
Detener el abuso de las garantías constitucionales
La pregunta C de la Consulta Popular refería:
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
Esta propuesta tuvo como objetivo «detener el abuso de las garantías constitucionales». Anteriormente, cualquier juez de primer nivel, de cualquier materia, podía conocer y resolver una acción de garantías jurisdiccionales, lo que permitió a narcotraficantes y criminales recuperar su libertad mediante habeas corpus concedidos por jueces de otras competencias, como los de la niñez o el tránsito.
El proceso que sigue implica enmendar la Constitución de la República y reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, el próximo año el Consejo de la Judicatura deberá convocar a un nuevo concurso para seleccionar jueces constitucionales especializados en el análisis y resolución de habeas corpus, habeas data, peticiones de medidas cautelares, entre otros.