La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha decidido tomar acciones y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pidiendo que se investigue el retiro de seis sellos de clausura en fotoradares de la red vial E25.
Estos radares que estaban bajo la administración del Consorcio de Seguridad Vial de La Concordia (SEVICO), según indicó la entidad a través de un comunicado, fueron clausurados en febrero tras seguir funcionando a pesar de que los convenios que permitían su operación ya habían terminado.
El director provincial de la CTE en Santo Domingo de los Tsáchilas fue quien presentó la denuncia en La Concordia, y dejó claro que, según las leyes, se debe investigar si hubo alguna irregularidad por parte de los responsables del consorcio SEVICO, tanto personas naturales como jurídicas. Además, la CTE ha solicitado que se tomen medidas cautelares para asegurar que los radares permanezcan fuera de servicio. En las últimas semanas, en las provincias del Guayas y Manabí se han realizado una serie de operativos para constar que los dispositivos que no cuentan con el debido certificado de calibración no están operativos.
Impacto en la Regulación de la Seguridad Vial
Por otro lado, la CTE hizo hincapié que en el caso de los radares tipo B, que fueron instalados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ya existen resoluciones que terminan los convenios que autorizaban su funcionamiento y establecen un plazo para que sean retirados. «Además, se ha ordenado suspender cualquier acuerdo con entidades bancarias para evitar el cobro indebido de multas generadas por estos dispositivos», señaló.
Como publicó EXPRESO hace una semana, la Agencia Nacional de Tránsito confirmó que ningún radar está habilitado para emitir multas de tránsito. En Ecuador, ninguna multa por exceso de velocidad generada por radares es válida en este momento, confirmó Alejandro Lascano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en una entrevista con WQ Radio.
La razón: los dispositivos de control no cuentan con los certificados de calibración necesarios para emitir sanciones. Durante la entrevista, Lascano explicó que los radares en el país no están habilitados para registrar infracciones de velocidad.
Desafíos Técnicos y Legales Afrontados
Como contexto, a mediados de 2024, los radares en el país quedaron fuera de servicio debido a una orden judicial y una resolución conjunta de la ANT y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
Se registraron cientos de quejas en Guayaquil, Santa Elena, Durán, Latacunga, Manta y Ambato, respecto a los cobros excesivos y fallos técnicos generados por la falta de mantenimiento y mala calibración de los equipos. Las «multas fantasmas», como seferían los conductores a las sanciones, generaron controversia.
En febrero pasado se conoció que se había desarrollado un nuevo reglamento para la homologación de estos dispositivos (un borrador actualmente disponible para comentarios públicos en la cuenta oficial de la ANT en X). De acuerdo con la institución, dicho ejercicio tiene la finalidad de incorporar sugerencias antes de que se implemente definitivamente.