Un hombre identificado como Óscar E. enfrentará un juicio por el presunto femicidio de Ariana Jiménez, una joven portovejense que fue reportada como desaparecida en junio de 2024 y cuyos restos fueron hallados meses después en una zona rural del cantón Portoviejo.
Según la acusación de la Fiscalía, Óscar E., pareja de la víctima y padre del bebé que ella esperaba, no solo habría terminado con su vida, sino que además ejerció presión constante para que interrumpiera su embarazo. Ariana se negó, y esta negativa, sumada a que el acusado mantenía otra relación sentimental, se perfila como uno de los móviles del crimen que manejan las autoridades.
Un caso de conmoción
El caso inició el 14 de junio de 2024, cuando la joven desapareció tras acudir a una cita con Óscar E. en el parque Los Jazmines, lugar donde fue vista por última vez. Ante su ausencia, la familia impulsó plantones y cadenas de oración, mientras la Fiscalía y la Policía activaron protocolos de búsqueda.
En octubre de ese mismo año, osamentas fueron encontradas en la vía Cuatro Esquinas–Zapallo. Posteriores pruebas de ADN confirmaron que los restos correspondían a Ariana.
Las pruebas presentadas
Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó más de 50 elementos probatorios, entre ellos el reconocimiento del sitio donde se hallaron los restos, testimonios de más de 20 personas y un informe investigativo que reveló que Óscar E. tenía una relación paralela. Además, varios testigos señalaron que el procesado le insistía a Ariana para que abortara.
El juez de Garantías Penales de Manabí acogió los elementos de convicción y llamó a juicio a Óscar E. por los delitos de desaparición involuntaria y femicidio, en concurso real de infracciones.
La desaparición y muerte de Ariana causó gran conmoción en la provincia y en el país, visibilizando nuevamente la violencia estructural que enfrentan muchas mujeres.
El femicidio, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas de entre 22 y 26 años de prisión, mientras que la desaparición involuntaria se sanciona con hasta 10 años de cárcel.