Diario Extra.- El dinero de Tomás, que con tanto esfuerzo había ahorrado durante años de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desapareció de su cuenta bancaria. ¡Quedó ‘pateado’!
Un día cualquiera, al revisar su estado de cuenta, se dio cuenta de ello al ver que sus fondos de cesantía (más de 27.000 dólares) ya no estaban. Y también habían ‘volado’ 413,13 dólares de sus fondos de reserva. Lo primero que sintió fue confusión, luego rabia. y después una profunda impotencia.
Él denunció el caso y pasó por un largo proceso judicial. Y aunque logró que se ordene la recuperación de su dinero, el daño ya estaba hecho. La delincuencia, a través de la suplantación de identidad, puede dejar ‘desnudo’ a cualquiera.
El caso de Mario también es terrible. En diciembre pasado, cuando revisó su rol de pago notó un descuento de 839,81 dólares. Averiguó y le dijeron que debía un crédito quirografario al Biess (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Pero él nunca lo pidió. Al principio pensó que era un error. Después entendió que alguien había usado sus datos para sacar un crédito a su nombre.
Estos no son casos aislados. EXTRA ha tenido acceso a otras denuncias presentadas en la Fiscalía, con patrones similares: afiliados del IESS a quienes les han robado la identidad para vaciar sus fondos o endeudarlos.
¿Quién responde?
EXTRA consultó a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, sobre estos hechos. Aunque evitó referirse a los casos concretos, aseguró que “la institución está aumentando las seguridades para que hechos como estos no ocurran”. Sin embargo, los testimonios revelan que las medidas siguen siendo insuficientes.
Según Gonzalo Ortega, defensor del Pueblo del Guayas, en los fraudes que involucran créditos del Biess se investiga una posible complicidad de funcionarios. “Para que se concreten estos delitos, alguien desde dentro tuvo que abrir las puertas”, sostiene.
Otra hipótesis apunta al mercado negro de datos personales, donde incluso se sospecha de redes de lavado de dinero que compran bases de datos a empresas privadas. Y si detrás de estos delitos hay un grupo de delincuencia organizada (GDO), como ha ocurrido con las líneas móviles usadas para extorsionar, la situación es aún más delicada.
Protección de datos, en crisis
Vanessa Velásquez, doctora en Leyes y experta en Protección de Datos, cuestiona el número de delegados llamados a proteger la información sensible de los ciudadanos.
La Superintendencia de Protección de Datos cuenta con un registro de 1.231 delegados encargados de esta labor. No obstante, hay 3.146 instituciones públicas, por lo cual esa cantidad de delegados resulta claramente insuficiente.
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), las instituciones del sector público deben designar a un delegado de protección de datos personales (DPD) y reportar su nombramiento a la Superintendencia.
El DPD es el encargado de garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales, supervisar el tratamiento adecuado de los datos y actuar como punto de contacto entre la institución y la Superintendencia.
La designación debe ser realizada por la máxima autoridad de cada institución, tal como lo establecen los artículos 48 y 49 de la LOPDP y su Reglamento General.
La no designación o registro del DPD constituye una infracción grave, según la normativa vigente, y puede generar las siguientes sanciones:
¿Qué hacer si te pasa?
El doctor César Coronel, de Defensa de Deudores Ecuador, sugiere que en caso de enfrentar este problema, no se debe perder tiempo sino poner la denuncia en la Fiscalía. Allí se solicita un peritaje para evidenciar que no es la firma de las persona, y con ese resultado se va a la institución acreedora para que se elimine la deuda a su nombre.