Javier tiene 35 años y más de una década dedicada a la docencia. Creció en una familia de educadores: su madre y sus tíos dirigieron una unidad educativa en el sur de Guayaquil. Desde pequeño lo tuvo claro. “Jugaba a la escuelita con mi hermana y mis primos, y yo siempre era el maestro”, recuerda con nostalgia.
Pero en los dos últimos periodos lectivos, ese amor por enseñar ha comenzado a desvanecerse. La violencia, las amenazas y el miedo constante lo han llevado a contemplar seriamente la posibilidad de abandonar las aulas y buscar otro camino para sobrevivir.
La angustia se intensificó en diciembre pasado, poco antes del cierre del año escolar. Una compañera suya empezó a recibir amenazas directas al celular. Le exigían cinco mil dólares a cambio de no atentar contra su vida. “Ella pidió traslado por seguridad, pero no se lo autorizaron”, relata Javier, quien trabaja en un plantel ubicado en Pascuales, una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado. “Soy profesor por vocación, pero lo que estamos viviendo te obliga a pensarlo dos veces. Vivimos con el corazón en la mano”.
Rutinas de temor
Javier ha transformado por completo su rutina diaria. “Soy meticuloso. En mi hoja de vida cuido cada detalle, no uso redes sociales, y me comunico con los padres desde un número exclusivamente laboral”, comenta. Asegura que incluso algunos representantes filtran información a grupos delictivos cuando creen que pueden sacar algún beneficio.
Cada día conduce con cautela: evita rutas fijas, observa su entorno y cambia de camino si detecta algo sospechoso. “Es como vivir con un enemigo invisible”, confiesa.
Además, el ‘sicoseo’ constante incluso los hace dudar de quienes deberían protegerlos. “Muchos colegas ya no denuncian. Desconfían de su entorno, porque los delincuentes manejan información muy precisa. En ciertos barrios se rumorea que hay policías involucrados, y por eso muchos prefieren pagar antes que arriesgarse a denunciar”.
Huyen del aula
Este clima de inseguridad ha provocado una silenciosa pero creciente deserción docente, especialmente en sectores conflictivos. Profesionales con años de experiencia están dejando sus cargos, no por falta de vocación, sino porque las condiciones mínimas para ejercer con dignidad y seguridad se han deteriorado.
“Uno no quiere dejar a sus alumnos, pero también tiene familia. También quiere llegar con vida a casa”, dice Javier. Como él, cientos de educadores enfrentan hoy el dilema de seguir enseñando o preservar su integridad.
Hace tres semanas, cuatro docentes de una institución en el bloque 17 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, fueron interceptados por hombres armados al salir del plantel. Los obligaron a subir a un vehículo y les exigieron una fuerte suma de dinero para liberarlos. Una de las profesoras secuestradas recién se reincorporó una semana después del inicio del nuevo año lectivo.
Exdirector provincial de Educación
En el bloque 1 de la cooperativa Paraíso de la Flor, la situación es similar. Balaceras, robos y extorsiones se han vuelto parte del día a día. Padres, alumnos y maestros viven bajo permanente zozobra.
“Aquí no respetan a nadie. A los estudiantes, a los padres y hasta a los profesores los roban”, cuenta una madre de familia. Recuerda que su hijo tuvo tres profesores distintos en un solo periodo escolar. “Eso desestabiliza a los niños. Se encariñan con un maestro y de pronto lo cambian porque renuncia, pide traslado o simplemente ya no quiere seguir aquí”.
Otro caso reciente involucra a un maestro de una escuela del noroeste de Guayaquil. Fue extorsionado durante varios meses y solicitó su traslado a la Subsecretaría de Educación. Aunque logró ser reubicado, en el nuevo año lectivo fue reasignado a su anterior institución.
“Yo no pedí un cambio provisional, renuncié definitivamente a trabajar en ese lugar. Pero no puedo quedarme sin trabajo. La delincuencia nos tiene secuestrados. Y los estudiantes también se ven afectados, porque ya trabajamos con miedo, y creo que ese temor se transmite”, lamenta el docente.
Un sistema en crisis
Para Mónica Franco, exviceministra de Educación, el problema es estructural. “Más allá del desgaste físico y emocional que implica su labor, marcada por bajos salarios y jornadas extenuantes, ahora enfrentan una amenaza mayor: la posibilidad real de perder la vida”.
Franco señala que muchos docentes están siendo extorsionados, amenazados e incluso atacados. “¿Podemos culparlos por querer protegerse? No. Si el Estado no les garantiza condiciones mínimas, tienen todo el derecho de priorizar su seguridad”, sostiene.
Exsubsecretaria de Educación
Las consecuencias, sin embargo, se reflejan en las aulas. “Se rompe el vínculo pedagógico, se deteriora el clima escolar y se debilita la calidad de la enseñanza”.
Un grito de alerta
Ivo Orellana, rector de reconocidas instituciones educativas y exdirector provincial de Educación del Guayas, lo resume con crudeza: “Esta realidad no solo impide que el docente cumpla con su labor, también afecta su estabilidad emocional, su sentido de pertenencia y su capacidad de entrega”.
“El impacto trasciende el aula. La rotación constante de maestros afecta el rendimiento académico y el desarrollo emocional de los estudiantes”, advierte.
Orellana hace un llamado urgente a las autoridades. “Se necesitan acciones firmes. Si no protegemos al docente, al estudiante y al entorno escolar, será imposible revertir los bajos niveles educativos que hoy ubican al país entre los últimos de la región”.
Según Andrés Quishpe, dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), desde febrero de 2024 se han registrado más de 500 denuncias de violencia contra docentes, según datos de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. “El crimen organizado ya penetró las aulas”, alerta.
Aunque la mayoría de casos se concentran en Guayaquil, Durán, Manabí y Esmeraldas, también hay reportes en zonas amazónicas como Zamora Chinchipe y Orellana, donde la minería ilegal ha generado nuevos focos de conflicto.
“La docencia se ha convertido en una profesión de alto riesgo. La vocación persiste, pero la seguridad, hoy, es una condición urgente y ausente”, concluye Quishpe.
El Ministerio de Educación, por su parte, informó que lleva a cabo un riguroso levantamiento de información para identificar, registrar y canalizar los casos en los que docentes han sido víctimas de hechos violentos.
“Es importante destacar que esta Cartera de Estado ha implementado lineamientos específicos para el traspaso de docentes por motivos de bienestar social. Estos lineamientos establecen el procedimiento que deben seguir las Direcciones Distritales, Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación, con el objetivo de brindar una atención eficiente, eficaz y oportuna a las solicitudes de reubicación presentadas por los maestros”, señaló la institución.
En cuanto a las cifras, entre febrero y diciembre de 2024 se registraron 448 casos de docentes que denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de bandas criminales. La mayoría de estos casos se concentra en la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, con 192 denuncias, seguida de la Zona 1 con 93 y la Zona 4 con 63.