Como parte de su agenda, el Gobierno ecuatoriano anunció el jueves el despido de al menos 5.000 funcionarios públicos bajo el argumento de un supuesto plan de “modernización y eficiencia del Estado”.
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, señaló que la desvinculación de los funcionarios públicos no está vinculada con los despidos contemplados en la Ley de Integridad Pública, cuya aplicación prevé evaluaciones posteriores que podrían implicar más salidas.
Jaramillo explicó que los empleados despedidos serán del Ejecutivo, personal administrativo y una parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Sin embargo, el analista económico, Pablo Dávalos, en su cuenta de X, dio a conocer que no son solo los 5.000 los trabajadores despedidos, sino que la cifra alcanzará las 70.000 las personas que tendrán que dejar su puesto de trabajo hasta el año 2028, aquello como respuesta a una exigencia del Fondo Monetario Internacional, FMI.
En conformidad con el programa económico del FMI, el gobierno de Noboa se ha comprometido en reducir la nómina pública en 1,2% del PIB hasta 2028. Esto significa que, aproximadamente, 70 mil funcionarios serán desvinculados hasta 2028. Es una verdadera locura. pic.twitter.com/ECeVI46R97
— Pablo Dávalos (@PabloDavalos63) July 25, 2025
Los anuncios de Carolina Jaramillo se dan tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, normativa ampliamente rechazada con varias demandas de inconstitucionalidad.
Más temprano la Unión Nacional de Educadores (UNE) alertó sobre la existencia de una lista con cinco mil funcionarios que serían desvinculados bajo la figura de supresión de puestos, que consta en el reglamento de la Ley de Integridad Pública