La investigación denominada caso Jaque escaló este fin de semana en Ecuador: un juez ordenó prisión preventiva para nueve de los 10 procesados por presunta delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, una trama que, según la Fiscalía General del Estado, operaba con la emisión irregular de licencias, matrículas y permisos de operación.
Los detenidos fueron capturados la madrugada del 30 de enero de 2026 durante un operativo conjunto entre Fiscalía y la Policía Nacional, ejecutado de forma simultánea en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 23 allanamientos reportados por la prensa local.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso la prisión preventiva para, entre otros, Pedro A. —quien se desempeñaba como director ejecutivo de la institución— y para otros procesados identificados con iniciales por la autoridad judicial. Para una décima procesada, Emma A., se ordenaron medidas sustitutivas, entre ellas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. La instrucción fiscal fue fijada en 90 días.
Una denuncia en 2025 y cobros por “agilizar” trámites
De acuerdo con la Fiscalía, la causa se originó en julio de 2025 tras una denuncia recibida a través del 1800-Delito. En ella se advertía que un grupo —en su mayoría funcionarios de la ANT— presuntamente cobraba entre USD 150 y USD 250 por trámite para entregar licencias, matrículas o permisos sin necesidad de turnos. Con esa información, se aplicaron técnicas investigativas como seguimientos y vigilancias, antes de ejecutar el operativo de captura.
Evidencias: licencias, dispositivos y dinero
Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de documentos, dispositivos electrónicos, teléfonos, almacenamiento digital, dinero en efectivo y cientos de licencias, que fueron presentados como elementos de convicción. La Fiscalía indicó que parte del material quedó bajo cadena de custodia y será sometido a pericias para ampliar el caso.
Impacto en la ciudadanía: oficinas cerradas
El caso también trastocó la atención al público: las agencias de la ANT fueron cerradas a nivel nacional mientras avanzan las investigaciones, con un cierre inicial de 15 días anunciado por el ministro Roberto Luque.
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