Las bandas criminales en Manabí están utilizando la adicción y la vulnerabilidad de menores de edad como mecanismos de reclutamiento, en un fenómeno que preocupa cada vez más a las autoridades. La edad de inicio en actividades ilícitas es cada vez más baja, con casos registrados desde los 8 años. Solo en 2025, 66 menores de entre 0 y 17 años fueron asesinados en la provincia, una cifra que supera los 36 casos de 2024 y los 32 de 2023. A escala nacional, el número asciende a 583 menores fallecidos en lo que va de 2025, reflejando la gravedad de la situación.
Paralelamente, la Policía reporta un aumento en la participación de adolescentes en delitos graves. En 2025 fueron aprehendidos 2.812 jóvenes de entre 12 y 17 años, frente a 2.280 en 2024. Según las autoridades, muchos de ellos ya habían sido identificados en entornos escolares como población en riesgo. Un ejemplo reciente ocurrió el 1 de febrero en Jaramijó, donde dos adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos durante operativos policiales; en su poder se encontraron cinco pistolas y municiones. La institución advierte que estos casos no son aislados, sino parte de una cadena de captación que inicia en los barrios y se extiende a las escuelas.
Expertos en seguridad y niñez señalan que existen vacíos legales que pueden favorecer el uso de menores por parte de estructuras delictivas, ya que la pena máxima para adolescentes es de cinco años. Además, alertan que las redes sociales se han convertido en herramientas clave para atraer a los jóvenes. En cantones como Pedernales y Manta, la violencia ya impacta en el ámbito educativo, obligando a varios planteles a adoptar modalidades híbridas. Ante este escenario, se insiste en la necesidad de mayor inversión social, reformas legales y una acción coordinada entre directivos, docentes y Policía para detectar riesgos de forma temprana y frenar el ciclo de reclutamiento.
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