El Consejo Nacional Electoral (CNE) protagonizó una tensa sesión este sábado 22 de agosto de 2026, luego de un fuerte intercambio entre los consejeros Elena Nájera y José Merino. La discusión surgió a raíz de cuestionamientos sobre una reunión que habrían mantenido autoridades electorales de Manabí antes de resolver la candidatura de Luisa González a la Prefectura de esa provincia.
Durante la sesión, Nájera cuestionó las circunstancias de ese encuentro y el procedimiento previo a la decisión de la Junta Provincial Electoral de Manabí. La consejera expresó reparos sobre la actuación de los vocales y mencionó directamente a Merino, mientras sostenía que existían antecedentes que ya eran de conocimiento público antes de que se adoptara la resolución sobre la postulación de González por Pachakutik.
Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Merino, quien acusó a Nájera de mentir. El intercambio entre ambos consejeros subió de tono y Nájera respondió con nuevos cuestionamientos contra su colega, además de advertir que expondría públicamente información relacionada con sus actuaciones. Ante la escalada de la discusión, la sesión del CNE fue suspendida momentáneamente. El consejero Enrique Pita también pidió explicaciones sobre la reunión de las autoridades electorales de Manabí.
La controversia se produce después de que la Junta Provincial Electoral de Manabí negara la inscripción de González como candidata a prefecta por Pachakutik para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La decisión se sustentó en objeciones relacionadas con el supuesto incumplimiento de requisitos internos establecidos por la organización política. Sin embargo, la resolución todavía puede ser impugnada mediante los mecanismos previstos en la normativa electoral.
El enfrentamiento entre los consejeros pone el foco tanto en la candidatura de González como en las actuaciones que habrían precedido a la resolución de la Junta Provincial. Por ahora, las afirmaciones realizadas durante la sesión constituyen cuestionamientos que deberán diferenciarse de hechos establecidos formalmente por las autoridades competentes. El futuro de la candidatura dependerá de las decisiones que adopten las instancias electorales correspondientes, incluido el CNE y, de ser necesario, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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