En el papel y ante la ley, Tomás Alfonso Beltrán Conforme figuraba como un ciudadano bajo resguardo del Estado ecuatoriano. En la realidad de las calles de Calceta, cantón Bolívar, en la zona centro-norte de Manabí, esa garantía no impidió que sicarios con armas cortas y fusiles lo interceptaran frente a su vivienda y dispararan a quemarropa hasta terminar con su vida.
El crimen de Beltrán, director y fundador del medio digital de investigación comunitaria Calcetines, abre una interrogante: ¿existe en Ecuador una protección estatal efectiva para quien recibe amenazas de muerte, o el sistema se reduce a un trámite burocrático incapaz de contener la violencia letal?
La muerte de Beltrán no llegó por sorpresa. El comunicador llevaba meses documentando presuntos actos de corrupción en la contratación de obra pública y anomalías presupuestarias del gobierno seccional local.
Ese trabajo, a decir de sus denuncias previas, detonó una cadena directa de represalias: amenazas sistemáticas de muerte, el ataque contra sus bienes y, en un lapso previo, el asesinato selectivo de dos colaboradores de su plataforma comunitaria. Organismos como la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), Fundamedios, Periodistas sin Cadenas y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitieron alertas públicas urgentes.
En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado le concedió ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). Sin embargo, a decir de César Ricaurte, director de Fundamedios, la medida real se tradujo en “patrullajes esporádicos” en su sector.
Allegados a la víctima que prefieren mantener su nombre en reserva por seguridad señalan: “Hace dos meses, los propios policías llegaron a la casa para recomendarle abandonar Calceta”.
Los uniformados le habrían advertido a Beltrán la falta de recursos logísticos para repeler un atentado planificado. Esto lo confirma Ricaurte, quien señala que el mecanismo de protección de periodistas sigue sin un solo centavo de presupuesto asignado para protección. “Aunque el Consejo afirma haber transferido más de 170.000 dólares para operatividad —cifras que deberían auditarse con rigor—, para la protección directa de periodistas no hay fondos”, destaca Ricaurte.
A esto se suma la reciente crisis interna en la MAPP: su expresidente, Ricardo Rivas, renunció mediante una carta en la que señala graves cuestionamientos a la gestión del Consejo de Comunicación y al manejo del sistema de protección; por ejemplo, en la redacción y aprobación del reglamento interno. “Si se revisa ese reglamento, no existe claridad sobre qué tipo de amenazas atiende el mecanismo, cuál es la vía de ingreso ni cómo se realiza el seguimiento de los casos”, agrega Ricaurte.
Beltrán tenía amenazas desde 2023, cuando era servidor público. Para 2025, desde su medio digital, denunció amenazas y fue al programa de protección. En 2026, “nuevamente desde la sociedad civil, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), tuvimos que gestionar su reubicación. Sin embargo, debido a la situación de salud de su madre, él decidió regresar por cuenta propia a Calceta”, cuenta Ricaurte.
DATO: En 2025, Ecuador registró seis periodistas asesinados. La segunda cifra más alta de Latinoamérica después de México.
La mecánica del protocolo de protección de víctimas
En el país coexisten formalmente dos herramientas: el SPAVT de la Fiscalía (regulado en el Código Orgánico Integral Penal) y el Mecanismo Interinstitucional de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico (coordinado por el Consejo de Comunicación, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional). El trámite técnico contempla tres etapas: la recepción de la alerta o denuncia formal, la aplicación de una matriz de perfilamiento de riesgo (dividida en niveles bajo, medio, alto y crítico) y la posterior orden de medidas preventivas, que van desde rondas dinámicas y botones de auxilio hasta escoltas fijas o extracción territorial. (AVV)
LA HORA solicitó una entrevista al Consejo de Comunicación, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Daniela Almeida, especialista en seguridad ciudadana, indica que la respuesta institucional se desmorona por brechas operativas concretas:
- La inercia administrativa frente a la inmediatez criminal: la elaboración y validación de una matriz de riesgo requiere informes técnicos, revisiones de entorno y aprobaciones jerárquicas que suelen tardar semanas. Las redes de sicariato operan en plazos de horas o días una vez decretado el objetivo.
- La trampa táctica del «patrullaje dinámico»: para evitar saturar agentes en custodias fijas, la resolución más habitual es ordenar que patrulleros hagan rondas periódicas por la vivienda o trabajo de la víctima. Para los atacantes, este método no ofrece resistencia: basta con vigilar la zona, esperar a que el vehículo policial cumpla su pasada y ejecutar el ataque en los lapsos desguarnecidos.
- Asimetría de armamento y precariedad local: las órdenes de custodia suelen derivarse a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) de cantones periféricos. Los agentes asignados operan con pistolas estándar de 9 milímetros, chalecos balísticos básicos y móviles con limitaciones de combustible, frente a estructuras criminales pertrechadas con armamento largo y vehículos con placas clonadas.
- Extracción sin sustento de subsistencia: el marco formal prevé la reubicación temporal fuera del territorio de amenaza. No obstante, el Estado no provee fondos de vivienda, manutención ni sustento familiar. Para un periodista hiperlocal o un testigo civil, salir de su cantón implica abandonar su única fuente de ingresos, lo que termina forzando su permanencia en la zona de riesgo.
- Custodia pasiva sin desarticulación: el esquema funciona únicamente como una guardia perimetral reactiva. No existe articulación paralela de inteligencia para neutralizar las bandas o capturar a los financistas de la amenaza, dejando el peligro latente e invariable en el tiempo.
El historial de custodias fallidas: de las cárceles al magnicidio
Lo ocurrido con Tomás Beltrán reproduce un patrón donde el resguardo estatal ha demostrado ser inoperante frente a emboscadas calculadas. La vulnerabilidad ha golpeado de forma directa a autoridades carcelarias, alcaldes y figuras políticas:
Caso |
Perfil |
Fecha |
Falla en el dispositivo de seguridad |
| Santiago Loza | Director de la Cárcel de El Inca (Quito) | Dic. 2022 | Acribillado en la avenida Simón Bolívar; no contaba con cápsula táctica ni vehículo blindado para sus desplazamientos. |
| Agustín Intriago | Alcalde de Manta | Jul. 2023 | Asesinado con armamento largo durante un recorrido barrial, pese a tener asignada escolta policial directa. |
| Fernando Villavicencio | Candidato presidencial | Ago. 2023 | Asesinado en Quito en un operativo de salida que presentó fallas en el cerco perimetral, la evacuación y el furgón de traslado. |
| Brigitte García | Alcaldesa de San Vicente | Mar. 2024 | Hallada muerta por impactos de proyectil en un vehículo junto a su asesor de comunicación en Manabí. |
| Damián Parrales | Director de la Cárcel El Rodeo (Portoviejo) | Abr. 2024 | Asesinado en un restaurante de Jipijapa a escasos cinco días de asumir funciones penitenciarias; no tenía resguardo fuera del penal. |
| María Daniela Icaza | Directora (e) de la Penitenciaría del Litoral | Sep. 2024 | Acribillada en la vía a Daule cuando retornaba a su hogar; carecía de escolta fija para sus trayectos personales. |
| Tomás Beltrán | Director de Calcetines (Calceta) | Nov. 2026 | Asesinado frente a su domicilio con medidas activas del SPAVT restringidas a vigilancia perimetral. |
En el ámbito del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las autoridades han sido sistemáticamente vulnerables durante sus traslados de ida o retorno a sus hogares, demostrando que la seguridad estatal rara vez cubre la movilidad cotidiana fuera de los recintos penitenciarios.
La condena de los gremios y la exigencia de auditorías ante el asesinato de Tomás Beltrán
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó de forma enérgica el asesinato de Beltrán y advirtió sobre la gravedad institucional de que la víctima contara formalmente con un estatus de protección del Estado. La SIP demandó a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva que identifique tanto a los gatilleros materiales como a los autores intelectuales relacionados con los reportajes del medio Calcetines. Asimismo, la organización instó al Estado a abrir una auditoría sobre el funcionamiento del SPAVT para determinar si existieron fallas u omisiones en el nivel de riesgo asignado al periodista.
Por su parte, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación confirmó oficialmente que ya mantenía en sus registros las alertas por amenazas y el desplazamiento por motivos de seguridad que afectaban a Beltrán. En su pronunciamiento, la entidad precisó que realizó gestiones directas ante la Fiscalía para solicitar la inclusión del periodista en el SPAVT, además de requerir información de seguimiento sobre el estado de dichas medidas.
Tras consumarse el asesinato, el Consejo anunció cuatro acciones inmediatas coordinadas con el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico:
- Sesión extraordinaria: convocatoria urgente del Mecanismo para analizar los antecedentes del caso y coordinar medidas con las instituciones competentes.
- Exhorto a la Fiscalía: requerimiento formal a la Fiscalía General del Estado para desarrollar una investigación exhaustiva, oportuna e independiente, manteniendo entre sus líneas prioritarias el ejercicio periodístico de la víctima.
- Protección a colaboradores y familia: seguimiento a las actuaciones fiscales y policiales para evaluar el riesgo que enfrentan los familiares y el equipo periodístico de Beltrán, gestionando esquemas de seguridad inmediatos.
- Articulación interinstitucional: fortalecimiento de las acciones de prevención ante agresiones a comunicadores en contextos de alto riesgo.
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