Los 31 procesos legales que ha afrontado Ecuador en cortes internacionales, en los últimos 13 años han generado un saldo negativo.
Según información de la Procuraduría General del Estado (PGE), Ecuador ha pagado USD 2 313,1 millones por laudos emitidos por tribunales arbitrales, que han sido contrarios para el país.
Esta cifra, según la PGE, equivale al 17% del monto total demandado, que ascendía a USD 13 340,5 millones. En cambio, el Ecuador ha recibido a su favor, en el mismo período, apenas USD 47,5 millones.
Entre los casos que representaron pérdidas millonarias se encuentran, por ejemplo, Oxy, Ecuador TLC y otros. En el caso de Ecuador TLC y otros, un tribunal resolvió que el Estado pague a la firma privada USD 515,7 millones.
De estos se debía descontar USD 644 313 a favor del Estado porque hubo reversión incompleta de bienes y por sobre levantamiento de petróleo.
Pero, tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes, en marzo pasado, se fijó como valor de pago USD 507,7 millones. Y producto del acuerdo, el Estado ecuatoriano retuvo USD 189 millones, para cancelar así las obligaciones tributarias que tenía pendientes la compañía en el Ecuador.
Ecuador TLC y otros operó en el bloque petrolero 18 y el campo unificado Palo Azul hasta noviembre de 2010. Otro de los casos que implicó que Ecuador incurriera en gastos no previstos fue Oxy.
En el 2016, el Ciadi resolvió que Ecuador debía pagar a esta petrolera USD 980 millones, luego de que en el 2006 cancelara de manera unilateral y anticipada el contrato que mantenía con esta compañía privada.
La caducidad se produjo, según Ecuador, porque la petrolera vendió sin autorización el 40% de las acciones que mantenía en el bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha, a la canadiense Encana, en agosto del 2000.
El Gobierno anterior defendió la caducidad al señalar que el usufructo de todo el bloque dejó importantes utilidades para el Fisco, pese al pago que se hizo a Oxy por el arbitraje.
Para René Ortiz, exministro de Energía y exsecretario general de la OPEP, estos procesos legales y otros que se han resuelto en contra del Ecuador se hubiesen podido evitar si ambas partes llegaban a un acuerdo antes de que se emita una sentencia final.
En el criterio de Ortiz, en este tipo de casos, es preferible llegar a un “mal acuerdo que una sentencia”, porque los litigios afectan la credibilidad del Estado ante los inversionistas.
En total, entre el 2005 y el 2018, Ecuador ha obtenido resultados parcialmente favorables en nueve casos, soluciones favorables en 11 procesos, informó la Procuraduría.
Actualmente, en cambio, el Estado tiene 36 procesos legales en cortes internacionales y 27 notificaciones de arbitraje. Ante esta situación, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, mencionó que buscará llegar a una solución amistosa, porque “de la experiencia, los arbitrajes no dan buenos resultados en algunos casos”. (El Comercio)