El juez de la Corte Nacional, Luis Enríquez, ordenó este martes 30 de enero del 20018, la prisión preventiva de Walter Solís, exsecretario del Agua (Senagua), y otras cuatro personas, entre estas los dos exjueces de Manabí, Ninfa Lorena Benalcazar y Cristóbal Macías.
Ellos son procesados por supuesto peculado en Senagua.
Enríquez también ordenó el congelamiento de cuentas y fondos a nombre de los sospechosos y les prohibió enajenar los bienes.
En el caso de Solís, además de esta orden de prisión preventiva, contra él existe también una boleta de captura para investigaciones desde hace siete meses.
Ahora, la Fiscalía tiene 90 días para investigar y reunir las evidencias del supuesto peculado.
Los cargos
El fiscal Baca formuló cargos por supuesto peculado en contra de Solís, en una audiencia que se realizó la mañana de este martes, en la Corte Nacional de Justicia.
Baca explicó cómo supuestamente, en el 2013, Solís, entonces funcionarios de Senagua, abogados particulares y jueces, perjudicaron al Estado por USD 2 218 880.
Según Baca, en ese año Solís solicitó una asignación presupuestaria al Ministerio de Finanzas por la suma de USD 8,1 millones para pagar una acta de mediación con la empresa Ondeo-Degremont.
Esta compañía de origen de francés mantenía diferencias desde 1998 con el Estado por la terminación unilateral de un contrato para la construcción de bombas de agua potable.
Este litigio se resolvió en el 2007 a través de un acta de mediación que ordena el pago de los USD 8,1 millones a favor Ondeo-Degremont.
Sin embargo, Baca aseguró que el dinero no se usó para cancelar a la empresa, sino que Senagua usó USD 2,4 millones para cancelar honorarios profesionales de abogados que actuaron en el litigio y el resto se lo devolvió a Fianzas.
Los pagos a los abogados fueron ordenados a través de sentencias que dictaron Cristóbal Macías, del Juzgado décimo sexto de Manabí, y Ninfa Lorena Benalcázar, jueza quinta de la Niñez y Adolescencia de Manabí.
Ellos ahora también fueron imputados por la Fiscalía. En el 2013 y 2015, estos jueces fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura.
«Jueces ordenando pagos a terceros. Todo como parte de un entramado para disponer de dinero público», dijo Baca. Alembert Vera, abogado de Solís, aseguró que este caso ya fue archivado y que su cliente fue el denunciante de este hecho.
Además resaltó que no existe un informe de la Contraloría con indicio de responsabilidad penal en contra de su cliente. (El Comercio)