A las terminales privadas no se les debe emitir ni renovar sus permisos de operación o ampliación. Así lo recomienda la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el estudio ‘Puertos y Tarifas Portuarias’, publicado el pasado 17 de abril y dirigido al Ministerio de Transporte (MTOP) y a la Subsecretaría de Puertos.
El estudio, que analiza el marco legal y económico de las terminales públicas y privadas, se dio a conocer catorce meses después de que la operadora Contecon –concesionada desde 2007 con la terminal de Guayaquil– pidió a la Superintendencia su opinión sobre supuestas ‘distorsiones’ en el negocio portuario, que en 2017 generó $ 20.000 millones en exportaciones e importaciones en el país, según datos del Ministerio de Comercio Exterior.
Contecon lleva dos años denunciando públicamente el supuesto perjuicio a su empresa y al Estado ante la reducción del 28% de sus clientes entre el 2016 y 2018, los mismos que se han trasladado a las terminales privadas, que han ampliado su capacidad e infraestructura.
“Los operadores privados que no están delegados (o concesionados) para dar un servicio público nos están quitando el negocio”, afirma José Contreras, gerente de Contecon.
Tanto Contreras como el estudio de la Superintendencia hacen referencia al artículo 314 de la Constitución, el cual establece que el sector portuario es un servicio público y que el Estado dispondrá tarifas equitativas, y su regulación.
En otro artículo, el 316, se dispone que de forma ‘excepcional’ se delegarán estas actividades públicas a la iniciativa privada. Para ello los operadores deben seguir los requisitos de una concesión: un concurso público, el pago de un rubro al Estado, proyección de inversiones o estar bajo el régimen de libre competencia. Estas condiciones ha cumplido Contecon para recibir la concesión, a diferencia de los privados que pagan algunos impuestos, los mismos que también paga Contecon. Ambos están sujetos a la Ley General de Puertos.
En su estudio, la Superintendencia plantea hacer un proyecto para reformar esta ley que rige el sector portuario, y que los permisos vigentes de las terminales privadas se ajusten a los términos de una concesión para dar un servicio público.
Iliana González, directora de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), califica las recomendaciones del estudio como “sugerencias equivocadas que el MTOP deberá evaluar”.
González sostiene que los siete operadores privados que representa, por ejemplo TPG y Bananapuerto, tienen los permisos y autorizaciones para su operación de acuerdo a las normas vigentes desde 1970 y hasta el 2004. “La actual Constitución se promulgó en el 2008, el Código de Producción, Comercio e Inversiones en el 2010 y sus reglamentos posteriormente. Las leyes y sus reglamentos no son retroactivos”, dice la dirigente, y añade que las propuestas de la Superintendencia no son vinculantes.
Sin embargo, Fausto Alvarado, experto en políticas de competencias, considera que sí se deben aplicar las recomendaciones, y explica que de no hacerlo la Superintendencia podría iniciar una investigación y determinar sanciones.
La Superintendencia, a través de un comunicado, confirma que el estudio y sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, y que continuarán con el análisis del sector considerando los pronunciamientos de los diferentes actores. “Las recomendaciones podrán ser ampliadas o complementadas…”, dice el ente.
El MTOP no aceptó una entrevista con este Diario sobre el alcance de este informe, en el que la Superintendencia también recomienda elaborar un tarifario portuario estandarizado, propuesta que Asotep rechaza. “Los terminales han impulsado la libre competencia al tener tarifas flexibles y acordes a las necesidades del mercado”, dice González.
Mientras, en las conclusiones del estudio se puntualiza que esa diferencia menor de precios que ofrecen los privados a sus clientes dificulta la competitividad a los operadores concesionados. (El Universo)