Cuando tomó la palabra durante su último día de gestión, el ahora exministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres no estaba ni preocupado ni contrito. Todo lo contrario. Sentado ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, fue conciso y claro. No, el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura no se aplicó. ¿Por qué? Porque ni a él ni al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE), Camilo Restrepo, les gustaba.
“Yo he peleado en contra de ese reglamento que sacaron el último día del gobierno anterior. Nosotros habíamos decidido no hacer caso a ese reglamento(…) Propusimos una reforma, que no ha sido atendida por la oficina jurídica de la Presidencia de la República”, subrayó.
El trasfondo del conflicto salió a la luz a inicios de junio, cuando el director de laCasa de la Cultura Núcleo del Azuay, Martín Sánchez, interpuso una acción de protección contra la sede nacional de la entidad. Tenía a su cargo tres edificios, entre ellos un museo que llevaba un año cerrado, y poquísimo dinero para continuar atendiendo o ejecutando eventos. Su pedido era sencillo: que se transfieran los recursos tal como dice la ley.
De acuerdo con el reglamento, vigente desde 2017, la repartición de los recursos que reciben anualmente los núcleos de la CCE se debía calcular según parámetros como la población de la provincia, la cantidad de artistas inscritos en el RUAT, la cantidad de inmuebles que regentan, lo que generan por autogestión y la eficiencia administrativa. Los costos de mantener la sede, cuya única función es supervisar a los núcleos, debían ser asumidos por estos.
Sin embargo, tanto este año como el anterior, ha sido la matriz la que ha mantenido el control del dinero y la que lo ha repartido a los entes provinciales. El 51,4 % de los cerca de $ 15 millones que recibió la CCE este año se quedaron ahí y en la sede de Pichincha. El resto de esa cifra (48,3 %) se dividió entre los 23 núcleos.
Es decir, mientras que en la matriz de Quito y su núcleo provincial 320 personas organizan talleres, mantienen los museos y ejecutan eventos y exposiciones a nivel nacional, otras 300 se reparten estas mismas funciones, incluso con dos y tres edificios a su cargo.
La acción judicial de Sánchez visibilizó un problema que no era exclusivo de Azuay. Fidel Intriago, director del Núcleo Manabí, indicó que tenía un cine y un teatro con problemas estructurales, extensiones en tres cantones que a duras penas funcionaban y dificultades pagando los servicios básicos. Fernando Cerón, de Tungurahua, contó que la pinacoteca está en emergencia porque sus cuadros se han llenado de hongos y no tienen dinero para restaurarlos. Fernando Naranjo, de Guayas, habló sobre demoras en la ejecución de proyectos. “Nuestra obligación es llevar la cultura a los cantones, pero ni siquiera tenemos un carro para movilizarnos. La solución ha sido pedir ayuda a los municipios. Y una vez ahí, los gestores trabajan por voluntad, no podemos pagarles”, explicó.
En su intervención, Restrepo, presidente de la CCE, reiteró su desacuerdo con la ley. “El Reglamento deja sin un solo centavo a la Sede Nacional y son los núcleos los que voluntariamente le tienen que dar para el funcionamiento de su Matriz. No podemos funcionar así. El ministro concordó, el reglamento es inaplicable”.
No hay soluciones, pero sí pedidos. Los legisladores solicitaron la intervención de la Contraloría General del Estado para determinar qué uso se ha dado a los recursos. Otros hablaron de juicio político. “No se puede simplemente derogar una norma y dejar sin una alternativa de aplicación una ley que está vigente en el país”, argumentó Lira Villalba (Revolución Ciudadana).
Días después, el nuevo ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, dijo en una entrevista que tratará de “estar pegado a lo que dice la ley”, pero añadió que “los reglamentos no se pueden construir desde el escritorio sino con consensos”.
Manabí
“No podemos pagar los servicios básicos”
“En Manabí la situación es crítica”, dijo Fidel Intriago, director del núcleo. Señaló que tampoco se ha invertido dinero del Fondo de la Reconstrucción en reparar la infraestructura cultural dañada. Tienen tan solo $ 60.000 para ejecutar proyectos. El resto de los $ 451.748 que reciben se va en pagar sueldos y mantener los edificios que tienen en cuatro cantones. “Mandamos un pedido a la Sede Nacional porque ni siquiera nos alcanza para cubrir los servicios básicos para terminar el año”. AG
Azuay
“Hay un solo conserje para tres edificios”
n Desde hace más de un año, el museo Manuel Agustín Landívar permanece cerrado. Esto porque el Núcleo del Azuay no tiene ni el presupuesto ni el personal para atenderlo. De acuerdo con Martín Sánchez, presidente de la institución, el presupuesto anual, que es de
$ 693.000, a duras penas alcanza para cancelar sueldos y ejecutar proyectos. “Tengo una persona en nómina y un conserje para atender tres edificios. Exigimos que la ley se cumpla como está establecida en el reglamento”. (Expreso)