Los legisladores fueron convocados por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo para la continuación de la Sesión 598, este martes 30 de julio de 2019, a las 09H30. A esa hora se iniciará el análisis de tres proyectos de resolución. El primero exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, para que de acuerdo con el art. 147 numeral 18 de la Constitución de la República, se proceda a indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley y evitar los hacinamientos en las cárceles del país.
En la iniciativa, propuesta por el asambleísta Byron Suquilanda, se solicitó la presencia de Ernesto Pazmiño, exdirector General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores y del actual director General, Edmundo Moncayo.
El último incidente se registró el sábado 27 de julio, cuando un grupo de reos quemó colchones en la cárcel de Guayaquil. El motivo fue una requiza en el pabellón número 2 en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad.
El pasado 16 de julio, el presidente de la República Lenín Moreno amplió un mes el estado de excepción en «todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional». En esa fecha culminaron los dos meses de la primera declaratoria para superar la crisis carcelaria.
Uno de los principales problemas son las redes de extorsión en las cárceles. Los centros penitenciarios donde más se registran este delito son: la Penitenciaría del Litoral, en la cárcel regional de Guayaquil y desde el centro de rehabilitación de Turi en Cuenca. Desde ahí los reos se contactan con los familiares de otros privados de libertad, para amenazarlos y exigirles grandes cantidades de dinero con la finalidad de ofrecerles protección, comodidades incluso evitar ser agredidos.
Otro contratiempo es la realidad del hacinamiento, descrito en el Decreto Ejecutivo 754. El sistema tiene capacidad para 27.742 personas privadas de libertad (ppl) pero existen 39.946 ocupantes; es decir hay un 40.37% de soprepoblación. De este último dato, el gobierno indicó además que 10 de los 52 centros de rehabilitación social del país registran un 100% de hacinamiento.