Se van y dejan en evidencia un gran vacío legal. Los cuatro asambleístas correístas que se asilaban desde octubre pasado en la Embajada de México en Quito rompieron ayer su autoencierro y se embarcaron en un avión con destino a la capital azteca.
En ese grupo están la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, junto a su esposo Luis Flores; la legisladora Soledad Buendía y su cónyuge, Edwin Jarrín; el asambleísta Carlos Viteri Gualinga junto a su esposa Tania Pauker que, al igual que Jarrín, fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El séptimo exiliado es Luis Molina, legislador alterno de Mónica Alemán , quien además ha ejercido en varias ocasiones como abogado del expresidente Rafael Correa.
La primera en buscar refugio fue Rivadeneira, quien se alojó en la sede diplomática, ubicada en el norte de Quito, el 12 de octubre de 2019, cuando las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alcanzaron los picos más altos de violencia.
Dentro de la Embajada solicitaron asilo diplomático aun cuando sobre ninguno de ellos existía (ni existe) investigación alguna por su presunta participación en el intento de golpe de Estado, que es como califica el Gobierno a lo sucedido hace tres meses.
Casi al mismo tiempo que los políticos abandonaban ayer el país, el canciller José Valencia leía un comunicado oficial en el que informaba que a inicios de esta semana comunicó a México que se brindarían las facilidades necesarias para que estas personas puedan trasladarse al aeropuerto.
“Esto evidencia, una vez más, como lo conoce la ciudadanía y la comunidad internacional, que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados”, señaló Valencia.
En donde no saben qué hacer es en la Asamblea. Si bien la Función Legislativa suspendió el pago de los salarios a los tres asambleístas principales hasta que se reincorporen, no hay una normativa que defina el procedimiento a seguir cuando la ausencia se extiende por tanto tiempo.
La asambleísta Ana Belén Marín, de Alianza PAIS, que es parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señaló que esta instancia deberá reunirse para evaluar este segundo momento, ahora que los legisladores se encuentran fuera del país.
Reunión
En Ciudad de México, los siete exiliados se unirán al excanciller Ricardo Patiño, que es investigado por el delito de instigación, y al exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, que es procesado por falsedad ideológica. Ambos también han recibido asilo del Gobierno de Manuel López Obrador.
Aprobación
El legislador socialcristiano Henry Cucalón dijo que la salida de la Embajada tiene que ver con el respeto a las normas internacionales. “El Gobierno no ha hecho ninguna concesión. Si antes el gobierno al que esos asambleístas se debían no respetaba esas normas, eran ellos los que estaban mal”, argumentó.
Dos visiones distintas del mismo tema
El canciller José Valencia dijo ayer que “la conspiración para atentar contra la democracia” en octubre será esclarecida y los responsables sancionados, siguiendo el debido proceso.
Por su parte, en un comunicado el movimiento Compromiso Social, que acoge al correísmo, asegura que la Cancillería tuvo que otorgar un salvoconducto a los siete exiliados porque en tres meses no pudo encontrar pruebas en su contra. (Expreso)