Una veeduría que participe en un proceso de auditoría de los carnés de discapacidad, un pedido de destitución para quienes los hayan otorgado y obtenido fraudulentamente, la propuesta de habilitar carnés temporales para las personas con cáncer y la defensa de la Ley de Discapacidades vigente son las iniciativas ciudadanas que empiezan a surgir tras las denuncias de supuesta compra o uso de estos documentos para beneficiarse de subsidios en importación de vehículos y otros.
Stalin Basantes, experto en discapacidades, con paraplejia y un carné con el 76 %, propone una veeduría ciudadana que propicie y participe en un proceso de auditoría externa en la que se transparente el registro de personas con discapacidad que acceden al documento: el nombre y el porcentaje.
«Para la auditoría habría que hacer el registro de las 485 325 personas (…), planteo empezar con los casos en que se han importado vehículos, es un número mucho menor, no llega ni al 1 %, tienen que revocarse los carnés y estas personas ser sometidas a la justicia», señaló Basantes.
En tanto, la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer exige la destitución de las personas que, en el sector público o en el sector privado, hayan otorgado o se hayan beneficiado de manera fraudulenta de la obtención de estos carnés y que las personas con cáncer puedan acceder de manera temporal a estos documentos.
Gustavo Dávila, director de la Fundación, recuerda que, cuando la emisión de carnés estaba en manos del Conadis, en el 2011, se logró para las personas con cáncer en grado tres, no en grado cuatro, porque ahí los pacientes ya están con cuidados paliativos y «no hay nada que hacer», pero cuando el trámite de esto pasó al Ministerio de Salud, dejaron de recibirlos.
«El cáncer es una discapacidad orgánica, que debilita a la persona y le impide movilizarse. El 95 % de los pacientes que pertenecen a fundaciones son de escasos recursos, no tienen para nada. No tiene lógica que personas que ganan más de $5000 pidan exoneraciones, con patrimonios de miles de dólares», agregó Dávila.
En tanto, Katherine Pico, asesora en derechos para personas con discapacidad y deportista con carné de 42 % por la amputación de parte de una pierna por cáncer, sostiene que el sistema les ha fallado, que la Ley de Discapacidades vigente aporta a que este sector acceda a sus derechos para equilibrar oportunidades e la sociedad y, por ello, organiza charlas de difusión en redes sobre este tema.
«La inversión para manejar la discapacidad de una persona es importante (…), la importación de estos insumos que no hay en Ecuador es cara y se deben renovar periódicamente, para mí el deporte es un lujo y para esto ayuda la Ley que es muy buena y no solo abarca el carné (…); aquí falló el sistema, la irregularidad está en los que califican para los carnés en el Ministerio de Salud», dijo Pico.
Los tres entrevistados coinciden en que los procesos para gestionar un carné de discapacidad pueden demorar meses o años, son rigurosos. (El Universo)