El Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Juntas Provinciales Electorales deberán pronunciarse sobre cinco precandidatos a asambleístas que aspiran a alcanzar una curul en las elecciones nacionales del 2021, pero que enfrentan procesos judiciales.
De acuerdo con el artículo 108 del Código de la Democracia, las «candidaturas a cargos de elección popular una vez calificadas e inscritas son irrenunciables».
Y adquieren una inmunidad electoral, pues una vez inscritos «no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar».
En ese contexto, buscan ser inscritos como candidatos Daniel Salcedo, Abdalá Bucaram Ortiz, Karina Arteaga, Pablo Romero y Virgilio Hernández.
Salcedo, empresario y cantante, inscribió su precandidatura a asambleísta por la circunscripción 1 de Guayas por el movimiento político Fuerza Ecuador (FE), fundada por Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley.
El precandidato guarda prisión en el centro de rehabilitación social de El Inca en Quito, y se lo investiga por los delitos de peculado, lavado de activos, falsificación y uso de documento falso por un carné de discapacidad, y fraude procesal. Su nombre se hizo público al ser vinculado a las indagaciones por la venta irregular de insumos médicos al IESS, durante la pandemia, en la que también están relacionados los hermanos Bucaram Pulley.
Debido a que guarda prisión, no acudió hasta la delegación electoral del Guayas para aceptar de forma personalísima su nominación.
El expresidente Bucaram Ortiz tiene arresto domiciliario y está investigado por los delitos de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de suministros médicos en la pandemia y por presunto tráfico ilegal de bienes patrimoniales.
No obstante, su nombre consta como cabeza de lista para asambleístas nacionales por el movimiento político de su hijo, FE, aunque no pudo acudir a Quito para firmar el acta de aceptación de su precandidatura.
La asambleísta manabita Karina Arteaga Muñoz busca la reelección a su cargo, pero no por la agrupación Alianza PAIS (AP), sino con el auspicio de Juntos Podemos.
La legisladora tiene abierta una instrucción fiscal por el delito de concusión, que indaga la Fiscalía, y está en arresto domiciliario. Ahora está encabezando la lista para la circunscripción norte de Manabí.
Carlos Chávez, delegado del Consejo Nacional Electoral de esa provincia, explicó que la inscripción no implica que su candidatura haya sido aceptada, pues ello dependerá del análisis de la Junta Provincial Electoral.
“Es un tema que la Junta tendrá que revisar las inhabilidades, si las tuviese”, indicó Chávez.
Pablo Romero mantiene una sentencia de primera instancia de prisión por nueve años por el delito de plagio en contra del político Fernando Balda y otra investigación por el delito de peculado dentro del caso Caminito.
Él fue inscrito como precandidato a asambleísta nacional por la alianza electoral Unión por la Esperanza (UNES), pero no aceptó la nominación, dentro de la etapa de Democracia Interna, ya que guarda prisión preventiva.
El exlegislador Hernández busca ahora una candidatura al Parlamento Andino también por la alianza UNES, en medio de haber sido llamado a juicio por el delito de rebelión por las protestas de octubre del 2019.
A diferencia de los otros, él sí aceptó la nominación de manera presencial porque tiene la medida cautelar de presentación periódica ante las autoridades.
En el caso de las candidaturas nacionales, será el pleno del CNE el que resuelva si las inscribe o no. Para el consejero electoral Luis Verdesoto, estas acciones muestran que se estaría intentando «utilizar prerrogativas» para evadir la ley. «Hay que evitar que esto se convierta en excusas para evadirla», dijo ayer en una rueda de prensa.
Añadió que serán ‘tinosos’ con la aplicación de la norma para confirmar la aplicación de los requisitos legales. «Es evidente que hay elementos como la prisión que hacen que no se pueda cumplir con los requisitos que implica una candidatura. (Pero) algo que no puede confundirse es la inmunidad electoral con inmunidad. Eso no lo debemos permitir», agregó.
De acuerdo con el Código de la Democracia y la reglamentación para la inscripción de candidaturas, si un precandidato inscrito no cumple con uno de los requisitos establecidos, se da un plazo de 48 horas para que lo subsane. (El Universo)