El informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, que se levantó con datos de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, indica que entre 400.000 y 500.000 nuevos embarazos adolescentes se registrarán en 2021 en toda la región por las secuelas que ha provocado la pandemia.
También habrá abortos inseguros, incremento de infecciones de transmisión sexual y mayor morbilidad y mortalidad materna.
En el estudio, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y la Unicef, se indica que este aumento se debe a que los servicios de salud sexual y reproductiva y el suministro gratuito de métodos anticonceptivos se han visto afectados debido al confinamiento.
Además del incremento de violaciones, en especial, a niñas de entre 10 y 14 años que están o estuvieron encerradas con sus agresores.
En la región, el embarazo adolescente repercute en los indicadores de pobreza. Las madres tempranas que consiguen superar todas las dificultades (especialmente paralización de estudios) y que pueden buscar trabajo y lo consiguen obtienen ingresos un 23 % inferiores a quienes fueron madres adultas, según la UNFPA.
«Esto significa que aún una adolescente que no nació ni creció en un hogar pobre, si queda embarazada antes de completar sus estudios, tiene más del doble de chances de conformar un hogar pobre y que sus hijos crezcan con menos oportunidades que las que ella misma tuvo», dice Federico Tobar, asesor regional en sistemas de salud y aseguramiento de insumos de salud reproductiva de UNFPA.
Para el especialista, los gobiernos deben invertir más en la prevención del embarazo adolescente a través de métodos anticonceptivos de larga duración como el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino.
«Con una inversión de cincuenta centavos de dólar en un DIU (método anticonceptivo) o de 8 dólares en un implante el país contribuiría a que esa adolescente continúe sus estudios, que a lo largo de su vida laboral registre una trayectoria de ingresos ascendente con muchísimas más chances de superar la pobreza, tanto ella como sus hijos la pobreza; y mejorar, en el largo plazo, la recaudación fiscal y reducir el gasto en asistencia médica», añade.
¿El aborto seguro también sería una opción?
Joaquín González, jefe de la oficina de la Unicef en Ecuador, recalca que la prevención sigue siendo la mejor opción para luchar contra el embarazo adolescente.
Además, de empoderar, a través de la educación, a las jóvenes para que desde pequeñas sepan que ser madres tempranas puede afectar su futuro escolar o laboral, y que sepan determinar que ciertas situaciones no son normales aunque sus familiares les digan lo contrario.
«Lastimosamente en el país hay comunidades que validan temas como el incesto. Además, sabemos que el 65 % de la violencia sexual ocurre dentro de los hogares. Hay que tratar la norma social que permite esto. La educación también debe ser para el hombre y que sepan respetar a las mujeres a cualquier edad«, dice.
También están los cambios que se deben realizar en el sistema judicial, en especial sobre la revictimización de los niños y jóvenes que sufrieron abuso sexual. Se necesitan procesos ágiles y que no le dan la razón al agresor.
Sin embargo, afirma que el Comité de Derechos del Niño pidió a Ecuador garantizar un aborto terapéutico seguro a las niñas como parte del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y en los casos de incesto y violencia sexual. Esto también evitaría los abortos clandestinos o inseguros.
«Las niñas se pueden morir en el parto, ya que sus cuerpos no están preparados», dice González.
Aunque recalca que el Estado no puede esperar que la niña o adolescente se embarace para «hacer algo» y que los esfuerzos deben ir encaminados a la prevención tanto de embarazos como de abusos sexuales.
¿Cómo mejorar las condiciones de las madres adolescentes?
Los países necesitan desplegar la prevención secundaria de los riesgos sociales, sanitarios y económicos vinculados a la maternidad temprana, una vez que el embarazo adolescente ya se ha concretado, dice Tobar.
Esto implica promover la detección temprana del embarazo y el seguimiento de la gestación para minimizar riesgos; la preparación y educación de la madre adolescente para el puerperio (período que inmediatamente sigue al parto); y el acceso y promoción de la anticoncepción posparto para evitar un segundo embarazo no intencional.
Y, además, generar condiciones de asistencia social para evitar abusos físicos y relaciones nocivas, y para promover la continuidad y reinserción educativa de la madre, añade el especialista.
«Nuestra prédica es que no puede haber crecimiento económico y progreso social sostenido sin mejorar las oportunidades para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y estamos convencidos que invertir en las adolescentes y jóvenes (en especial con este enfoque preventivo) no solo es imprescindible para concretar derechos y expandir oportunidades sino también es una inmejorable inversión en términos de los retornos que genera para el país, para la sociedad y para el Estado», dice. (El Universo)