“El Estado sigue sin resolver de manera oportuna las problemáticas que enfrentan las mujeres día con día. Durante la pandemia, el Ministerio de Salud Pública y el IESS no realizaron 12,5 millones de atenciones en prevención y promoción; afectando sobre todo a la salud sexual y reproductiva y a la atención de la violencia basada en género (VBG)”, señalaron durante una rueda de prensa colectivos feministas durante la presentación del informe 2020 Nuestros Derechos – Nuestras Demandas y la Agenda Nacional de Derechos Sexual y Derechos Reproductivos.
Virginia Gómez de la Torre, miembro de Fundación Desafío, señala que en 2020 se redujo en un 26% la atención en planificación familiar y casi un 60% en atención a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de atención a la violencia basada en género. Es por eso que ratifican que 12,5 millones de atenciones no se realizaron.
Sin atención
Según los colectivos, 70.306 mujeres que llamaron al ECU-911 entre enero y noviembre 2020 no recibieron atención ni apoyo de la Policía, los servicios de protección integral, las casas de acogida o los centros de atención.
Por eso, consideran que la real aplicación de la Ley Para Prevenir y Erradicar La Violencia Contra las Mujeres es el reto que deberá enfrentar el nuevo gobierno.
“Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos nos hemos reunido a plantear propuestas que permitan hacer efectivos nuestros derechos”, señalan los colectivos que han propuesto el hashtag #MujeresALosCandidatos, para visibilizar la falta de propuestas con enfoque de género. Las elecciones se realizarán el 7 de febrero.
Temas prioritarios
Los colectivos consideran que los candidatos aborden propuestas y planes de trabajo sobre el acceso a la justicia, la violencia contra las mujeres y las niñas; trata y explotación de la prostitución; mujeres rurales, mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias y más. (Ver recuadro).
Gómez de la Torre señaló que el presupuesto para el sistema de salud en el Ecuador se ha concentrado en inversiones para la infraestructura hospitalaria, enfocándose en actividades curativas. Por eso, el Acuerdo Nacional por la Salud invita a los candidatos presidenciales y autoridades vigentes a generar un impacto a través de la atención primaria de salud y determinar acciones para reducir la mortalidad materna, el aborto en situaciones de riesgo y violencia sexual, el embarazo en adolescentes, la desnutrición infantil, las enfermedades crónicas y vectoriales, entre otras.
Despenalizar el aborto es urgente
La realidad de la violencia sexual y embarazo adolescentes se agrava con los años y con la ineficiencia del Estado para dar una respuesta efectiva con el marco jurídico. Lo que implica trabajar con enfoque de género en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ley de Educación, de tal forma que existan rutas de denuncia claras y no revictimizantes, finalización terapéutica del embarazo en niñas y adolescentes y un sistema de reparación integral funcional. De igual forma, es más que una emergencia el fallo de la Corte Constitucional a favor de aborto no punible en caso de violación.
“Para hacer efectivos nuestros derechos es necesario construir e implementar políticas públicas integrales para responder a las diversas demandas de las mujeres”, concluye el informe. (AVV)
Propuestas de colectivos de mujeres
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Participación de las mujeres en la vida Pública y Política
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Violencia Sexual en el ámbito educativo
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Empoderamiento económico de las mujeres
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Mujeres migrantes y refugiadas
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Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares
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Impacto desproporcionado de la pandemia en la salud de las mujeres
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Salud Sexual y Reproductiva