Probar que Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz colaboraron con una “estructura criminal” que obtuvo ilegalmente réditos económicos provenientes del Estado, los cuales fueron destinados a obras como el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, fue el planteamiento hecho por la fiscal general Diana Salazar en su alegato de apertura, durante el inicio de la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada.
La audiencia está a cargo de los recién posesionados jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías.
Para Salazar, Cruz, Calderón y Véliz son autores directos del delito cometido, pues los dos primeros fueron designados para ser delegados del área jurídica del Servicio de Contratación de Obras (Secob), para integrar la comisión técnica, suscribir el informe de evaluación de ofertas, entre otros temas; mientras que Véliz fue una de las personas encargadas de efectivizar los cheques que tenía la “organización delictiva”, hizo efectivo 15 cheques girados por el Consorcio Pedernales-Manabí, entre otros actos fundamentales para concretar el ilícito.
Edwin Romero, Erick Huilca y Jorge Luis Villacreces, abogados de los tres juzgados, aseguraron que en la audiencia probarán que no hubo participación directa de ninguno de sus defendidos en los hechos investigados y que no ha existido ningún beneficio económico para estos tres procesados.
Huilca, defensa de Dany Calderón, refirió que en el caso de que exista el delito de delincuencia organizada, este recaería sobre otros procesados que ya aceptaron la responsabilidad en estos hechos y fueron sentenciados, además de otros que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.
Cruz, Calderón y Véliz son tres de los cinco procesados a quienes el juez de la CNJ, Marco Rodríguez, el 19 de noviembre pasado, llamó también a juicio por el delito de delincuencia organizada. Junto a los tres también se llamó a juicio al exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y al exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil.
Contra estos dos últimos acusados la etapa de juzgamiento está suspendida, debido a que ambos están prófugos y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.
Jorge Luis Ortega, abogado de Jalil, asistió a la audiencia y criticó nuevamente la orden de prisión preventiva que pesa sobre su cliente, pues, dijo, con la misma se esta impidiendo que él se presente directamente al proceso penal para responder las infundadas acusaciones de la Fiscalía.
La fiscal en su acusación explicó que en el periodo comprendido entre 2019 y 2020 se estructuró esta organización criminal, la cual contaba con líderes elegidos por votación popular, que operó en Pichincha y Manabí y que la posibilidad de designación de puestos directivos en las instituciones que tenían varios de los miembros de la estructura fue estratégica para el cometimiento del delito.
Salazar recordó a los jueces que en este caso ya existen sentenciados, los cuales se acogieron al procedimiento abreviado. En noviembre pasado, el juez Rodríguez, mediante una audiencia de procedimiento abreviado y debido a un acuerdo de cooperación eficaz firmado, sentenció a cuatro años y dos meses de cárcel al exasambleísta por Manabí Daniel Mendoza.
Esa misma figura fue aplicada para sancionar al exasesor de la Asamblea Jean Benavides; al exdirector del Secob René Tamayo; el contratista Franklin Calderón; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí José Véliz; Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; su excompañero Ángel Andrade, y el exfuncionario público José Santos.
Todos consintieron la admisión de los hechos investigados, por lo que a Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón, quienes además firmaron un acuerdo de cooperación eficaz, se les impuso una pena de 34 meses de prisión; mientras que a Cobeña, Andrade y Santos, quienes solo se acogieron al procedimiento abreviado, recibieron una pena de privación de libertad de 40 meses.
Hasta ayer por la tarde, la fiscal Salazar continuaba con la presentación de sus pruebas pericial y testimonial, con las que fundamenta su acusación. El mayor de Policía Javier Granda, en calidad de testigo de la Fiscalía, fue el primero en hablar sobre lo que conoce del caso y enfrentar el interrogatorio de Salazar, del representante de la Procuraduría y de los abogados de los acusados. (El Universo)