Ecuador elegirá a su nuevo Presidente y lo hará en medio de una compleja crisis por la pandemia

Son 13’099.150 ecuatorianos los que definirán hoy en las urnas al decimoquinto presidente de la República para un mandato de cuatro años, que recibirá un país con una economía devastada por la propagación del COVID-19.

En los últimos 42 años, y con el retorno a la democracia en 1979, el Palacio de Carondelet ha recibido a catorce huéspedes, incluido Lenín Moreno, quien culminará su gestión este 24 de mayo.

De estos catorce jefes de Estado, nueve fueron electos por el voto popular y los otros cinco ascendieron por sucesión ante derrocamientos o muerte del mandatario.

Entre ellos están Osvaldo Hurtado, quien sucedió a Jaime Roldós, quien falleció en un accidente de aviación el 24 de mayo de 1981; Rosalía Arteaga, quien asumió la Presidencia por cinco días en febrero de 1997, tras la destitución de Abdalá Bucaram, posesionado en 1996.

Pero a su vez, por decisión del Congreso Nacional se designó presidente interino a Fabián Alarcón y se forzó la salida de Arteaga. Luego, en el 2000, se derrocó a Jamil Mahuad y ascendió Gustavo Noboa.

En el 2005, Lucio Gutiérrez fue destituido y lo reemplazó Alfredo Palacio.

Ahora, en un proceso organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Presidencia de la República se definirá de entre las candidaturas de Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, de CREO-PSC.

Un recuento histórico elaborado por el CNE, que recoge los procesos electorales desde 1948, evidencia que hasta el 2017 se presentaron 120 candidaturas presidenciales, de las cuales 114 fueron de hombres y apenas de seis mujeres.

Y solo para los comicios del 2017 se inscribieron candidatos de menor edad: entre 34 y 76 años. El promedio del periodo mencionado ha sido de los 52 años.

Por región, la mayoría de los candidatos, el 41,7% ha sido oriundo de la provincia del Guayas, seguido por Pichincha, con el 22,5%. Y, en tercer lugar, Chimborazo con el 5,8%.

Respecto de los porcentajes de votación, se observó que en la segunda vuelta de 1978 el candidato Jaime Roldós alcanzó la votación más alta reportada históricamente, con el 68,5%; mientras que Rafael Correa en el 2013 obtuvo el 57,2%.

En este contexto, Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, recordó que el sistema electoral ha experimentado modificaciones, sobre todo tecnológicas, que han permitido a los ciudadanos participar de la vida democrática.

Por ejemplo, antes, los candidatos debían recorrer el país para hacer la campaña electoral que tomaba hasta un año, porque no había acceso a medios de comunicación.

El conteo de votos se hacía de forma manual, y eso generaba dudas en el electorado. “La sociedad ecuatoriana era más rural que urbana. Y con el tiempo, los ecuatorianos han ido adquiriendo derechos, como las mujeres a las que no se les permitía sufragar o les era facultativo. Participaban quienes vivían en las grandes urbes, el sector indígena estaba relegado y no tenía ninguna opción a participar, peor aún a presentar candidatos. Quito y Guayaquil eran las que postulaban candidatos y definían las elecciones”, opinó.

Pero ¿por qué estas elecciones del 11 de abril son consideradas históricas? La respuesta es la presencia de la pandemia del COVID-19, que ha desnudado la fragilidad de la estructura del Estado ecuatoriano, que está sumido en una profunda crisis económica que impacta las esferas social y económica de la población.

“Ahora como nunca se requiere un gobierno que dé solución a los problemas de la gente. La crisis no se va a solucionar mañana. No estamos ante una elección cualquiera, sino ante una de las más importantes del país”, opinó Oleas.

El Ecuador ha enfrentado al menos siete desastres naturales, pero ninguno como esta pandemia.

En 1982, con Osvaldo Hurtado como mandatario, este afrontó el fenómeno El Niño, que según reportes oficiales, dejó 307 fallecidos, 700.000 afectados y carreteras destruidas.

En el mandato de León Febres-Cordero, en 1987 se registró un terremoto de una magnitud de 6,9 en Napo, como resultado fallecieron unas 1.000 personas, otras 150.000 fueron afectadas y los daños se calcularon por $ 700 millones, pues incluso se rompió el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

En 1993, con Sixto Durán-Ballén, el deslizamiento de La Josefina (Azuay) produjo 75.000 afectados y los daños se estimaron en $ 500 millones.

Entre 1997 y 1998 un nuevo fenómeno El Niño afectó al país, con 35.000 afectados y perjuicios que ascendieron a $ 271 millones.

En 2006, bajo el mandato de Alfredo Palacio, el volcán Tungurahua erupcionó. Dos años después, en el 2008, con Rafael Correa, se produjeron inundaciones por las constantes lluvias que afectaron a unos tres millones de personas.

En el 2016, también con Correa, el Ecuador experimentó un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas, en el que 671 personas fallecieron. Datos de la Secretaría de Riesgos de ese entonces registró que 80.000 personas fueron desplazadas y 350.000 necesitaron de ayuda humanitaria.

Pero nada se compara con la pandemia del coronavirus, que, según una evaluación a diciembre pasado hecha por el Gobierno actual, se estima que (entre marzo y mayo del 2020) hubo costos y una reducción de ingresos por $ 6.421 millones.

Para el analista económico y director del Observatorio Fiscal, Jaime Carrera, esta pandemia “ha tenido los impactos económicos y sociales más destructivos de los últimos cien años. Incluso frente a la dolarización de 1999, o desastres naturales, la rotura del oleoducto… Los resultados son inimaginables”.

Esto, porque “nunca antes se ha vivido el cierre total de la economía, y se la está enfrentando sin ahorros, con un elevado déficit fiscal y deuda pública”.

Según el analista, el gobierno que asuma el mandato deberá atender una economía con una necesidad de financiamiento de $ 15.000 millones.

Al hacer una radiografía, señaló que el déficit fiscal es superior a los $ 5.000 millones, más pasivos y amortizaciones, $ 4.000 millones; cuentas por pagar del presupuesto, $ 3.000 millones; más, certificados de tesorería que son otros $ 3.000 millones.

Planteó que en los años venideros deberá impulsarse el crecimiento de la economía en al menos el 5%, al igual que la inversión, que en el 2020 cayó en $ 2.000 millones, de acuerdo con sus datos.

En materia de empleo, indicó que el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en el desempleo, subempleo y otras categorías, que representan a casi cinco millones de personas.

“El próximo gobierno va a recibir alrededor de 5.000 personas pobres. Debe afrontar la reducción de la pobreza y generación de empleo, y sobre todo, centrarse en la vacunación para reactivar la economía”. (El Universo)