Millones de dólares en resoluciones civiles y administrativas de la Contraloría General no se notificaron y prescribieron.
Además del desvanecimiento de glosas a cambio del pago de coimas por parte de empresas contratistas de Petroecuador y otras firmas que mantiene en la cárcel a su exprincipal autoridad Pablo Celi, el de las prescripciones habría sido otro mecanismo de corrupción que se habría practicado en el organismo de control.
El excontralor Celi y otras 14 personas son investigados por posible delincuencia organizada al integrar una presunta estructura delincuencial que habría alcanzado a la Contraloría, la Secretaría de la Presidencia de la República y Petroecuador.
La estrategia de este mecanismo, según información que llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, habría sido no notificar las resoluciones hasta que las mismas caducaban.
En esa condición fueron encontradas al menos 23.000 pendientes hasta el 17 de junio de 2021, según información de Fiscalización.
Las resoluciones confirmadas pendientes de notificar datan desde 2016. Reposaban en más de 200 cajas arrumadas en la Contraloría incendiada en el contexto de las protestas de octubre de 2019.
La novedad se conoció tras el cambio administrativo en la Dirección de Responsabilidades del organismo y la Secretaría de esa dependencia al efectuarse el levantamiento de la información rescatada del incendio y la documentación ingresada y aprobada luego del siniestro.
Las nuevas autoridades clasificaron las resoluciones de acuerdo al destino. Con la colaboración de personal de otras áreas trabajaron 15 días para ubicar las que estaban vigentes y las caducadas. El resultado fueron millones de dólares en responsabilidades civiles que habían caducado sin ser notificadas y decenas de miles de dólares en las administrativas.
Según la información remitida a Fiscalización, se levantó un informe que da cuenta que se trataba de 23.000 notificaciones pendientes que requerían que una persona, durante cuatro meses, debía revisar los datos generados en el sistema.
La tarea se hizo desde las 07:00 hasta las 22:00 con apoyo de varios funcionarios y vehículos de la Contraloría y particulares. Algunos no fueron a publicación de la prensa por falta de dinero. Los encargados de notificar desde 2016 no habían tomado en cuenta los lugares que señalaron los administrados para recibir las notificaciones, según los descargos que presentaban y eran remitidos a las direcciones de los oficios de la predeterminación que arrojaba el sistema.
Por años se habían efectuado boletas manuales y notificaron sin registrar en el sistema. Y la información da cuenta de un aparente caos por notificaciones duplicadas, inconsistencias, falta de archivo de boletas en los expedientes desde 2016. Todo eso apuntaría a la urgencia de una depuración del sistema para sanear las inconsistencias desde 2006.
El asambleísta Villavicencio señaló a EXPRESO que la información que revisa la Comisión da cuenta de la magnitud de la corrupción que no solo involucra a la cúpula de la Contraloría, sino a estructuras intermedias. Confirma que la información no solo da cuenta de millonarios perjuicios por el desvanecimiento de glosas sino el de “haber creado, de forma deliberada, falsas caducidades”. Por eso planteó en la Asamblea y al presidente Lasso que se declarare en emergencia a la Contraloría y se resuelva el problema de forma estructural no solo cambiando a la autoridad, sino “a toda una estructura mafiosa”. Este Diario solicitó un comentario a la Contraloría. Esperamos la respuesta.
Instrucción fiscal
Un mes para investigar Las Torres
A la Fiscalía le queda un mes más para recopilar elementos de convicción que se convertirán en pruebas en caso de un eventual juicio por posible delincuencia organizada en contra de Pablo Celi y 14 sospechosos.
El expediente fue abierto el pasado 14 de abril tras los allanamientos y detenciones de al menos nueve personas sospechosas de formar parte de una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas para el desvanecimiento de glosas a contratistas de Petroecuador.
Son 15 los investigados tras una formulación de cargos y dos vinculaciones. Hay más de 400 cuerpos los que ya integran el expediente fiscal. (Expreso)