La Asamblea Nacional tramitó el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Los legisladores insistieron en la creación de una Unidad Coordinadora para la Reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí, pues rechazaron el argumento del Ejecutivo que sería incrementar la carga burocrática del Estado.
Para los asambleístas la Unidad Coordinadora constituye un hilo conductor de la Ley, porque será un ente articulador de la política pública entre las diferentes entidades del Estado, encargadas de manejar la política pública en cada uno de sus sectores.
La Ley busca reactivar el sistema productivo de las provincias de Esmeraldas y Manabí, a través de la aplicación de estímulos, así como la priorización de planes educativos y planificación para el mejoramiento de la infraestructura pública y vivienda para las provincias en mención, gravemente afectadas por los efectos adversos provocados por el terremoto del 16 de abril de 2016; así como, también por los graves acontecimientos de violencia ocurridos en las dos provincias debido a la falta de atención del Estado.
La Unidad Coordinadora estará integrada por catorce miembros y será la entidad ejecutora de las políticas públicas de acuerdo a la planificación nacional, expedidas por los entes rectores que la conforman para vincular los diversos sectores relacionados, entre otros, de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, gestores inmobiliarios, emprendimientos en general y cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al Sector No Financiero de la Economía Popular y Solidaria en las provincias de Esmeraldas y Manabí.
Además el gobierno a través de la Banca Pública, deberá establecer programas especiales de acceso a créditos bajo condiciones preferenciales.
Esos créditos se darán con base en los estados financieros existentes y planificación aprobada de las respectivas entidades financieras para la creación, funcionamiento y crecimiento de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, gestores de vivienda, emprendimientos en general, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al Sector No Financiero de la Economía Popular y Solidaria; así como las industrias cuyo objetivo sea la exportación y aquellas que pretendan importar tecnología para mejorar sus procesos productivos.
La creación de estos programas deberá observar los principios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia, según lo aprobado por la Asamblea Nacional este 20 de septiembre. (El Universo)