La recaudación supera los 53 millones de dólares en menos de siete años de operación del sistema de fotorradares instalado en Ambato.
Miles de personas no solo de la ciudad, sino del país entero han sido sancionadas por los dispositivos instalados en diferentes puntos de la urbe.
Y aunque según información previa detallada en el flujo de caja programado para el periodo de concesión presentado por la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., las proyecciones eran de 24 millones de dólares como recaudación en los 10 años de concesión.
Molestia
María Palma, de 34 años, es oriunda del Puyo y manifestó que al querer matricular su vehículo no pudo realizar el trámite debido a que supuestamente se encontraba con una multa del fotorradar, “infracción de la cual nunca fui notificada para poder impugnar”, aseguró.
A decir de la ciudadana, tuvo que pagar una cantidad exorbitante que le parece un verdadero “atraco”, por ello no vuelve a Ambato y si lo hace ya no ingresa a la urbe sino que la rodea por los pasos perimetrales.
Como ella miles de usuarios cuentan casos de problemas con estos dispositivos, pero lo que más lamentan es que se haya tomado como un negocio y no con el afán de prevenir accidentes.
“Si querían prevenir hay educación vial, hay un sinnúmero de mecanismos, pero lo que se evidencia es que querían el dinero”, dijo Marcelo Ilbay, transportista.
Situación
Robinson Loaiza, concejal de Ambato, manifestó que se ha desarrollado un seguimiento exhaustivo de este contrato, el mismo que habría incluso presentado varias irregularidades desde el inicio, por lo cual se presentó una acción constitucional de exhibición de documentos ante la falta de la entrega de información desde la anterior administración.
A decir del Concejal se cuenta con un amplio expediente con un sinnúmero de irregularidades que existen en el contrato y la concesión de la Municipalidad a la empresa e incluso de la renegociación que se realizó en el 2018.
Para Loaiza, legalmente existirían algunos caminos para poder terminar el contrato, puesto que sería lo más saludable para la ciudad.
Autoridad
Javier Altamirano, alcalde de Ambato, manifestó en rueda de prensa que el equipo jurídico de la Municipalidad está trabajando en la parte legal a fin de buscar el mecanismo adecuado para poder dar por terminado el contrato de los fotorradares.
El Alcalde aseguró que se han encontrado indicios de incumplimiento por parte de la concesionaria en la administración y manejo de estos equipos que han perjudicado no solo a los tungurahuenses, sino a todos los ecuatorianos y que se está buscando la forma para terminar con este contrato que solo beneficia a una empresa privada.
Respuesta de la empresa
Desde la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., a través de un comunicado se informó que se ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, asegurando el adecuado desarrollo del mismo, aportando soluciones inmediatas a los problemas que se han presentado con la entidad contratante de manera diligente y efectiva.
“Los controles nunca debieron cesar, la demagogia política de la administración municipal fue la que permitió estos contratiempos e incumplimientos”, se aseguró. (La Hora)