Cuando le pusieron la pistola en la sien dimensionó el grado de corrupción en el interior de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). “Me hicieron arrodillar en un terreno baldío y me dieron el siguiente mensaje: ‘déjanos trabajar’”. El antiguo director nacional de Tecnología narra el secuestro que sufrió en noviembre del 2020. Dice que el hecho estuvo relacionado directamente por la decisión de cortar las redes de tramitadores e inhabilitar documentos obtenidos de forma irregular.
Entonces había descubierto 13.300 licencias obtenidas sin cumplir requisitos. Por ejemplo, no había certificados de que el beneficiario terminara la educación básica o de haber dado la prueba de manejo.
La misma política de “limpiar la casa” está vigente ahora. En los cinco meses de la nueva administración se han detectado 196.309 trámites sospechosos. Se han dado de baja a 24.000 licencias profesionales y 11.000 no profesionales y se han suspendido 302 rutas y 1.632 frecuencias para buses.
“Es una mafia interna y externa”, sentencia el exdirector, al tiempo que recuerda más detalles de su atentado. “Meses antes me habían enviado mensajes ofreciéndome casas y carros de lujo, con tal de que les permita ciertas cosas”. Cuando no accedió llegaron las amenazas. Los frenos de su vehículo fueron cortados. Números extranjeros llamaban y nadie hablaba. Lo amenazaban de muerte a través de mensajes de texto. “Una vez me dejaron un panfleto. Había escrito ‘déjanos trabajar’ con letras rojas”.
Daniel Cárdenas, subdirector ejecutivo de la ANT, asegura que el reciente ataque informático al sistema de la ANT es otra retaliación de las mafias.
A través de redes sociales, estas redes ofrecen licencias profesionales por $ 2.000. La recuperación de puntos, que solo es posible si el conductor asiste a un curso sobre seguridad vial, se consigue por $ 300 o 600 sin hacer el curso. Obtener una licencia para persona con discapacidad se logra sin presentar el carné de discapacidad, pero cancelando hasta $ 700.
Solamente de las 35.000 licencias dadas de baja en este año, el perjuicio para el Estado es de $ 2,5 millones, por pagos que los usuarios evadieron.
“No es una coincidencia que cuando íbamos a cancelar 106.000 matrículas obtenidas de forma irregular se vulneren los sistemas”, dice Cárdenas. Desde el 21 de octubre los servicios no se han restablecido. Las quejas se acumulan. “Llevo 8 días sin poder retirar mi auto de la concesionaria y necesito trabajar”, dice Claider Reyes.
En la Fiscalía, el ciberataque motivó una investigación y un allanamiento el pasado 22 de octubre a las instalaciones de la ANT. Como evidencias, se incautaron los celulares de dos funcionarios y sus computadoras. De las primeras investigaciones, este atentado se realizó con ayuda de funcionarios, quienes permitieron que otros traten de borrar datos sobre el registro de conductores, matrículas, etc.
Un informe detalla que en la institución hay 1.500 usuarios que manejan claves para ingresar al sistema. Pero, en las últimas semanas se han conectado 3.500 usuarios extraños.
El antiguo director de Tecnología recuerda que su atentado sucedió después que reubicara a varios colaboradores. Una mañana, cuando salía de su casa, su vehículo fue interceptado por una moto. El copiloto le apuntó con un arma. Lo condujeron a un barrio alto del noroccidente de Quito. Lo bajaron del auto y golpearon el rostro. Unos moradores que salían a trabajar lo vieron y alertaron a otros vecinos. “La gente me salvó”. Después de esto renunció.
- Sanciones
Conducir con licencias caducada es, según el Código Penal, una contravención de tránsito de segunda clase. Estas serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador y la reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de conducir.
- Exoneración
La Agencia Nacional de Tránsito solicitó a los municipios que exonere del pago de multas a los conductores cuyas placas terminan en 9 y que deben matricularse en este mes. Esto debido a que el sistema informático no se ha restablecido y los usuarios no pueden obtener turnos para cumplir con el trámite.
- Auditoría
La Contraloría hizo un examen especial sobre las licencias de conducción tipo F (para personas con discapacidad) y encontró irregularidades. Por ejemplo, los documentos se entregaron sin respaldo de que los beneficiarios tengan carné de discapacidad. No hay respaldo de sus test psicosensométricos. (Expreso)