En un inmenso terreno desierto, están 140 casas ahora deshabitadas que se van deteriorando y en el acueducto que transporta agua y que ha sido perforado ilegalmente decenas de veces, quedó el proyecto más grande y emblemático del gobierno del expresidente Rafael Correa, la Refinería del Pacífico, que por las múltiples irregularidades generó la glosa más grande impuesta en el país, por 1.223 millones de dólares.
Ahora el proyecto administrado por una empresa en liquidación solo genera gastos para el Estado. A Petroecuador -que es el accionista mayoritario- le debe más de 900 millones de dólares y en total tiene cuentas pendientes por 1.100 millones.
Las casas, el terreno aplanado y el acueducto son los principales bienes de la empresa, pero no cubrirán siquiera las mayores deudas. Por su parte, José Herrera exliquidador Refinería del Pacífico, expresó: «nosotros le hemos sugerido la opción de que se pague con los activos que tiene Refinería como el acueducto y terrenos y la plataforma que son como 600 millones y con esos se pagaría gran parte de los pasivos a favor de Petroecuador«.
Pero mientras la empresa no se liquide y se solucionen 17 juicios que tiene en contra por casi 70 millones de dólares, solo genera gastos para el Estado. Además, ya no hay dinero para mantener las viviendas que costaron 13 millones de dólares. Tener en funcionamiento el acueducto cuesta más de 120 mil dólares al mes solo en pago de energía eléctrica y el sueldo de 17 empleados, mientras que el contrato de guardianía del complejo cuesta 20 mil dólares al mes.
Otro de los retos es encontrar una alternativa para esa infraestructura antes de que sea inservible
Por su parte, Agustín Intriago alcalde de Manta, manifestó: «estábamos en conversaciones con Amazon (…) desde la perspectiva turística también se puede generar algunos espacios importantes y atractivos generar ciudades satélites, el desarrollo industrial pueden ser algunas de las alternativas».
Pero cualquier plan de inversión dependerá de que concluya el proceso de liquidación, que debería ser este año según tiene previsto el Gobierno. Asimismo, tampoco se podrá usar la infraestructura hasta que terminen los juicios contra la refinería, uno de ellos incluso interpuesto por el Municipio de Manta ante el incumplimiento en el pago de impuestos.