A las 17:00 de este lunes 8 de agosto de 2022 se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia el quinto día de juicio por posible concusión en contra de la exasambleísta de movimiento PAIS, Karina Arteaga.
Ella fue denunciada por colaboradores por el presunto cobro de aportes indebidos (diezmos) cuando fue legisladora en la Asamblea Nacional.
El tribunal, integrado por los jueces Daniella Camacho, Luis Rivera y Byron Guillén, convocaron a las partes a la exposición de alegatos finales. En la diligencia, Miguel Revelo, abogado de Verónica Pinargote, acusadora particular y víctima del presunto delito, tenía previsto solicitar que a la procesada se le imponga el máximo de la pena (siete años) y 50.000 dólares como reparación.
Revelo recordó que la procesada presentó al menos cinco testigos en su favor que dijeron que la exlegisladora nunca les solicitó dinero. Pero precisó que “ellos lo que hacían era pagarle parte de su remuneración a la asambleísta para mantenerse en el cargo y también la exasambleísta lo que hacía es ubicarles después de que pasaron por su despacho en otras instancias del Estado”.
Revelo anunció que para cada una de las partes se concedió 20 minutos para la exposición del cierre en donde se hace un resumen de las pruebas presentadas y apuntar a la culpabilidad o a la inocencia de la exfuncionaria.
Al menos cuatro excolaboradores acusaron a Arteaga de cobros indebidos. Entre ellos Nabrit Medina, un guardia de seguridad que reveló que para acceder a un trabajo de vigilancia en una dependencia de Manabí le solicitaron una cuota mensual de entre 15 y 20 dólares al mes.
El empleo era para los militantes de PAIS. Él accedió a ese puesto porque uno de los colaboradores se negó a aceptar ese empleo. Además de la exasambleísta, fue procesada su exjefa de despacho Jenny Muñoz.
La principal acusadora es Pinargote, quien reveló a los jueces que, de los cerca de 3.500 dólares que ganaba al mes, más de 3.100 iban de vuelta a quien le ayudó con un puesto de trabajo tras ganar las elecciones como asambleísta.
Ella acompañó a Arteaga durante la campaña política con la esperanza de obtener un cargo. Otra afectada fue Janeth Orellana, quien trabajaba de doméstica para Arteaga y su madre por 50 dólares mensuales. Pero figuraba enrolada en la Asamblea, pues con engaños le habrían hecho firmar documentos que nunca revisó.