El Universo.- “El absurdo de que la policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano se terminó”. Con esa palabras, el presidente Guillermo Lasso resumió el contenido medular del reglamento a la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, que fue expedido la tarde del jueves 1 de mayo.
El mandatario explicó que el documento define con claridad lo que significa la materialización del acto ilícito, la amenaza o peligro inminente que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública.
Precisó que la norma respalda la actuación de los uniformados y que, asimismo, guiará a los jueces y fiscales en casos de que miembros de la fuerza pública lleguen a ser enjuiciados por el cumplimiento de su trabajo. Si se llegan a presentar estos eventos, los agentes procesados podrán defenderse en libertad para que no pierdan su trabajo.
Entra en vigencia la ley que regula el uso legítimo de la fuerza
“Vivimos tiempos difíciles por la presión del crimen organizado transnacional y sus grupos armados que cometen actos terroristas”, comentó Lasso e indicó que en las próximas semanas se incorporarán 8.000 nuevos policías, que son parte de los 30.000 efectivos que se sumarán a las filas de la institución.
Por otro lado, destacó que la intervención de las fuerzas del orden en Durán han logrado que en la última semana no se haya reportado ninguna muerte violenta.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, aclaró que el reglamento tiene un enfoque de aplicación del uso progresivo de la fuerza, con base en la Constitución, ante diferentes situaciones de riesgo y amenazas.
El cuerpo legal establece las circunstancias y de qué modo debe ser aplicado el uso legítimo de la fuerza, quiénes tiene la potestad de usar armas, qué va a pasar con la investigación de esos casos y cómo será la protección a los uniformados.
Destacó que tanto la ley como el reglamento acatan normas y convenios internacionales, en observancia estricta de los derechos humanos.
“Quienes sí deben estar preocupados por esta ley y reglamento son aquellos ciudadanos que cometen delitos”, aclaró Wagner Bravo.
En tres ámbitos deberán ser capacitadas fuerzas de seguridad tras publicación de ley
La Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza entró en vigencia desde agosto de 2022. Ahora, el reglamento aclara disposiciones y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guías penitenciarios, detalló en un comunicado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
En el contenido del reglamento se destaca:
- Permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación para los policías y militares que han completado y aprobado los estudios de formación correspondiente.
- Se entenderá como materialización del acto ilícito a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma, a los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria o a terceras personas.
- Legitimidad del uso de la fuerza. Los servidores de estas entidades que, en cumplimiento en su misión constitucional y deber legal, causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos; ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza. La detención de un agente en estos casos podrá efectuarse excepcionalmente cuando el juzgador la ordene por pedido del fiscal, luego de una investigación y en el marco del debido proceso.
- Fuerzas Armadas en centros de privación de libertad. Las FF. AA. en cumplimiento de la ley, planificarán y ejecutarán operaciones de control de armas, municiones, explosivos y accesorios, en las áreas de influencia, inmediaciones y al interior de los centros de privación de libertad a nivel nacional, en cualquier momento y cumpliendo los protocolos establecidos para el efecto.
Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que en los próximos días se suscribirá un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que las armas que han sido incautadas a delincuentes puedan ser empleadas por miembros de la Policía Nacional, son aproximadamente 35.000 armas.