Las autoridades ecuatorianas investigan los hechos ocurridos el sábado cuando un equipo institucional conformado por 21 técnicos que efectuaba labores de inspección de minería ilegal en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del país, fue retenido por vecinos del lugar.
De acuerdo a un comunicado emitido esta noche por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el operativo más reciente contra la minería ilegal se realizó ayer en los sectores de Shaime y Mariposa, pertenecientes al cantón Nangaritza.
Allí, técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y del Ministerio de Ambiente (MAE), «evidenciaron trabajos mineros a cielo abierto junto al río, por lo cual tomaron los procedimientos determinados en la normativa vigente, neutralizando la maquinaria y equipos encontrados (bomba de agua y excavadora)».
Durante la operación no se encontraron personas responsables de la explotación ilegal, sin embargo, al concluir la inspección, los funcionarios fueron retenidos y trasladados hacia la casa comunal de Shaime por parte de miembros de la Asociación Shuar Tayunts.
En total 21 personas fueron retenidas, entre ellas dos técnicos, un abogado y tres conductores de Arcom, un técnico del MAE, cuatro efectivos policiales y ocho militares.
Tras un diálogo entre las autoridades y los representantes de las comunidades, los retenidos regresaron a horas de la noche.
Asimismo cinco camionetas en las que viajaba el personal del equipo investigador fueron dañadas en este suceso, tres de las cuales quemadas y otras dos sufrieron afectaciones en sus neumáticos y parabrisas.
El Gobierno Nacional expresó en la nota «su profundo rechazo a los actos de violencia suscitados en contra de los funcionarios que fueron retenidos mientras cumplían con su deber, y los daños causados a propiedad pública».
Recuerda la nota que la minería ilegal es un delito y que para ejercer cualquier tipo de actividad minera se requieren títulos, autorizaciones, permisos y licencias establecidos en la norma legal vigente.
Las investigaciones sobre los hechos tienen por objeto «formular cargos a los responsables de estos actos, que atentan contra la propiedad pública y la seguridad de los ciudadanos», según un comunicado previo de la Secom. EFE