El plan para la reactivación económica del agro ecuatoriano, anunciado hace casi tres meses por el Gobierno, se cumple lentamente.
El programa contempla cuatro medidas económicas enfocadas en la ruralidad. Estas son: catastro de vehículos rurales, créditos para productores, centros de acopio y ferias De la mata a la mesa.
El plan cuenta con un presupuesto de USD 50 millones, recursos que son insuficientes.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier Lazo, dijo que se necesitarían, al menos, USD 150 millones para financiar una parte de la política agropecuaria que requiere el país. La Cartera espera que las asignaciones suban en la medida en que se vaya liberando la presión fiscal.
Uno de los puntos del programa es generar espacios para que los pequeños agricultores coloquen su mercadería sin intermediarios. En el país funcionan 133 ferias permanentes, sin embargo, la idea es generar espacios más grandes. En el 2019 se hicieron cuatro macroferias en Ibarra, Pichincha, Cotopaxi y Guayaquil.
En la exhibición de productos que se hizo en esta última ciudad participaron 400 agricultores. Varios de ellos destacaron como positiva la iniciativa, aunque pidieron mejorar la logística, ya que muchos tuvieron que viajar hasta cuatro horas para llegar al Puerto.
Este año se hizo una megaferia en Paute y se espera replicar esta actividad una vez al mes en otras ciudades.
El MAG, junto al Ministerio de Finanzas, colocará USD 4 millones en un fideicomiso para subsidiar la tasa de interés en créditos agrícolas de la banca pública. El beneficio permitirá a los productores acceder a préstamos con tasas menores al 6% para mejoramiento genético, riego y tecnificación.
Los recursos estarán disponibles desde marzo y beneficiarán a 100 000 personas, aseguró la Cartera de Agricultura.
Entre tanto, la banca pública ya ha colocado préstamos a través de sus programas de reactivación productiva. La Corporación Financiera Nacional (CFN) tiene líneas especializadas para el agro.
En el 2019, la CFN desembolsó, a través de estos programas, USD 60,7 millones.
BanEcuador desembolsó a este sector USD 1 347,9 millones a través de 185 355 operaciones desde mayo del 2017.
El Gobierno también ofreció crear más centros de acopio para adquirir tomate, cebolla y otros productos a pequeños campesinos. Robert Córdova, subsecretario de comercialización del MAG, señaló que se mapeó el país para determinar dónde se podrían levantar estas infraestructuras.
Manabí, Esmeraldas y provincias de la Sierra norte son algunas de las zonas.
Hasta finales de este año se prevé repotenciar 12 sitios de este tipo en provincias de la Costa como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. También, 24 en la Sierra y 15 en la Amazonía.
El Ministerio indicó que hasta el primer trimestre del 2020 se entregarán 10 centros en todo el país, que comprometen una inversión de USD 946 000.
Cotopaxi, por ejemplo, cuenta con cinco lugares que benefician solo a 100 personas desde el 2017. Los productores llegan en camionetas al lugar con papas, hortalizas, cacao, fréjol, maíz y chocho.
El registro de vehículos y motocicletas que brindan el servicio de transporte de pasajeros y alimentos en el campo inició en noviembre pasado con un plan piloto en seis cantones. Pujilí y Salcedo son parte de esta etapa inicial.
En estos cantones, funcionarios de la Tenencia Política registran a los conductores de este tipo de vehículos.
Solo en Salcedo funcionan 700 camionetas, indicó la teniente política Johana Villalva.
Los usuarios son, en su mayoría, estudiantes, amas de casa, campesinos y agricultores que se trasladan desde las comunidades al centro de la ciudad. En las camionetas también trasladan productos agrícolas y ganaderos hasta las plazas y mercados de la ciudad.
Ángel Sánchez es uno de los propietarios de esos vehículos. En una camioneta de una sola cabina, Sánchez traslada cebollas, papas y habas que producen campesinos en los terrenos ubicados en el kilómetro 26, que limita con Napo. En estas zonas no hay buses y las camionetas son el único medio de transporte con el que cuentan estas comunidades.
Villalva dijo que se eligió a dos representantes indígenas para que sean parte de las mesas de diálogo en Quito sobre la focalización del subsidio a los derivados. (El Comercio)
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