Al menos, siete asambleístas han sido acusados, con nombre y apellido, por el supuesto cobro de ‘diezmos’. Y para hoy se anuncia la entrega de una segunda denuncia en la Fiscalía General.
Se trata de Andrea Utreras, exfuncionaria que trabajó de enero al 15 de marzo del 2018. Ella presentará la denuncia contra Karina Arteaga (legisladora por Manabí, de PAIS), quien no solo le exigía dinero en efectivo, sino “pagar sus gastos (…) y hasta las mensualidades de un carro de alta gama que se compró”, como contó EXPRESO la semana pasada. Hoy irá con su abogado a formalizar la acusación. Ella cree que podrían acusarla por extorsión.
Utreras fue la primera denunciante que se presentó públicamente, por eso ha sido contactada por otros presuntos perjudicados. “El domingo recibí una llamada de una exasesora que me dijo que inició una acción legal contra la asambleísta por Galápagos Brenda Flor (PAIS), que ya está en la Fiscalía”, indicó.
Las denuncias también siguen llegando al despacho del legislador FabricioVillamar, de CREO, quien destapó el caso. Una de ellas corresponde a un exasesor (que prefiere mantener la reserva de su nombre) que entregó documentación que revelaría cómo el asambleísta Fernando Flores (hoy CREO, antes Prian) le cobraba $ 500 mensuales: 450 para gastos personales y 50 para la gasolina. “Esta práctica era recurrente. Yo lo denuncié en la Contraloría, la Fiscalía y al expresidente de la Asamblea Fernando Cordero, y nunca recibí respuesta. En cambio, recibí amenazas (…) lo que también está en conocimiento de la Policía”, aseguró.
Flores negó las acusaciones.
Por su parte, Luis y Gonzalo (que pidieron la reserva de sus apellidos) hicieron pública una denuncia, que también está en la Fiscalía, contra el exasambleísta Ángel Vilema (ex-PAIS). Lo acusan de haberles cobrado 400 y 1.000 dólares mensuales, respectivamente, durante seis años. “La esposa compró $ 365 en adornos navideños con mi tarjeta. Cuando me votaron pedí que me cancelen la deuda y no quisieron y me tocó pagar a mí lo que usó la señora”, dijo Luis a este medio.
Las voces en contra de Gabriela Rivadeneira (ex-PAIS) también aumentan, aunque protegidas en el anonimato. Ayer una exasesora contó que la asambleísta, durante su presidencia, ordenaba que a los 200 funcionarios a contrato se les cobre desde 50 hasta 1.000 dólares, dependiendo del cargo. “El cobro lo hacía Jaqueline Navas”, afirmó. “También se debía pagar 100 dólares mensuales a la cuenta Altiva y Soberana, que era la del partido de Gobierno”, precisó.
La semana pasada, Rivadeneira retó a los denunciantes a presentar pruebas de las acusaciones en la Fiscalía.
Pablo Santillán, asesor de Villamar, insiste en que tienen más de una docena de denuncias documentadas que presentarán en la próxima sesión del pleno. Pero, si no consiguen hacerlo esta semana, la denuncia será presentada en la Contraloría, para pedir un cruce de cuentas, y en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Fernando Flores, asambleísta CREO
“Hay una cacería de brujas”
Ahora dentro del cobro indebido a asesores está su nombre. ¿Qué opina?
Lo que está pasando en este momento es que el tema se ha convertido en una cacería de brujas. Creo que si alguna persona tiene alguna prueba sobre mi actuación, la Fiscalía es la herramienta para que se investigue. De llegar la denuncia, yo presentaré mis pruebas de descargo de cualquier cosa sobre mi actuación.
Quien lo acusa dice que presentó las denuncias en Fiscalía, Contraloría e incluso en la Asamblea…
Me gustaría esperar a tener toda la documentación para poder pronunciarme. Yo tuve un asesor que presentó varias denuncias acusándome de que tenía juicios, propiedades en el Oriente, y hay un informe de Contraloría en donde todo se desvirtuó. Debe ser alguien que tiene algún resentimiento.
¿Por qué no tratar el tema en la Asamblea para aclarar los nombres de los involucrados?
No podemos arrogarnos funciones; la Fiscalía está para esas cosas, está la Contraloría. Si alguien tenía algo debía denunciarlo, no esperar siete años y ahora que se ha hecho una guerra mediática en ese sentido salir a manchar los nombres de las otras personas. Quien sea deberá comprobarlo, o tomaré acciones legales. (Expreso)