En la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la presencia del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, se instaló, la tarde del miércoles, la audiencia de apelación al sobreseimiento que recibieron en octubre pasado el exmandatario, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el empresario Bryan Pérez y Verónica A., dentro del proceso penal por el delito de delincuencia organizada.
La apelación fue interpuesta por la fiscal Lidia Sarabia, luego que el 4 de octubre pasado el juez penal de Pichincha Geovanny Freire sobreseyó a los cuatro indicando en su sentencia oral que ellos son compradores privados de pruebas rápidas para COVID-19, las cuales fueron importadas de manera legal al país.
En este caso la Fiscalía llevó hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a siete personas, pero Freire emitió auto de llamamiento a juicio solo contra tres: el israelí Sheinman Oren, el agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) Leandro B. e Isabel P., quien actualmente se encuentra prófuga.
La fiscal Sarabia presentó en la audiencia preparatoria de juicio más de 40 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio contra los siete contra quienes pidió que sean llamados a juicio, pero ante la solicitud Freire solo llamó a tres.
El delito de delincuencia organizada que investigó la Fiscalía estaba relacionado con supuestas irregularidades en la comercialización en plena pandemia de 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19.
La audiencia se realizó en una sala de la Corte de Pichincha y estuvo dirigida por los jueces provinciales Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y Anacélida Burbano.
En lo referente a Abdalá y Jacobo Bucaram, el juez Freire señaló en su decisión oral que no se puede establecer criminalidad sobre el almacenamiento de dichas pruebas en relación con el exmandatario; y acerca de Bucaram hijo señaló que adquirió esos test sin que le entregaran eventualmente la totalidad de ellos. Agregó el juez que esas pruebas no fueron negociadas en hospitales públicos.
En este caso también se procesó a los exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., pero debido a que se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron los hechos en los que se les relacionó, el 15 de abril pasado la jueza María Elena Lara, quien estuvo a cargo de una parte del proceso, resolvió acoger este procedimiento especial y sentenció a cinco años de cárcel a cada uno.
Casi tres horas le tomó a la representante de la Fiscalía fundamentar la apelación que planteó contra los cuatro y definir los elementos que no habría tomado en cuenta el juez Freire en su resolución. El Tribunal dio un receso antes de dar paso a que los abogados de los Bucaram y los otros dos sobreseídos contradigan lo dicho por la fiscal.
A las 22:10, el Tribunal acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y decidió llamar a juicio al expresidente y a su hijo Jacobo como presuntos autores del delito de delincuencia organizada. Y se ratificó la inocencia de Bryan P. y Verónica A.